El Ayuntamiento de Morales del Vino ha protagonizado una polémica actuación al cerrar con cadenas y candados el bar de la piscina municipal, impidiendo el acceso al empresario que gestionaba el negocio desde hace varios años. La medida, ejecutada el pasado viernes 6 de junio, ha sido calificada por la empresa afectada, Kativan Cook SL, como un “abuso” y una “ocupación ilegal” del espacio, y ya ha sido puesta en conocimiento de la justicia.
Según consta en un requerimiento firmado por el abogado Ramón Hernández Hernández, en representación de la empresa hostelera, el cierre se llevó a cabo sin previo aviso ni resolución administrativa alguna. La empresa denuncia que se ha vulnerado su derecho a la legítima posesión del local y se ha obstaculizado de forma arbitraria una actividad que se venía desarrollando de forma continuada desde hace años.
El candado en la entrada de la terraza ha bloqueado el acceso no solo al espacio de atención al público, sino también a maquinaria y mercancía de propiedad exclusiva del empresario. La situación genera incertidumbre a las puertas del verano, una temporada clave tanto para el funcionamiento del establecimiento como para los vecinos de Morales del Vino que frecuentan la piscina municipal.
La empresa exige la retirada inmediata de las cadenas, el cese de toda injerencia sobre el local y que se expida un acta oficial que deje constancia del requerimiento. Además, advierte al Consistorio de posibles acciones legales si en el plazo de diez días no se revierte la situación.
Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una declaración pública sobre los motivos del cierre ni sobre si existe algún procedimiento administrativo en curso relacionado con la concesión del espacio. La falta de comunicación oficial agrava el malestar entre los afectados y deja en el aire el futuro del bar, lo que podría derivar en un proceso contencioso-administrativo.
La actuación ha generado un profundo malestar entre vecinos y hosteleros, que ven con preocupación cómo decisiones sin transparencia pueden afectar a los servicios públicos y a la actividad económica local. El caso pone el foco sobre la gestión administrativa del Ayuntamiento de Morales del Vino y abre un nuevo frente judicial en plena antesala del verano.
