domingo. 24.09.2023
Trabajador sector de la construcción
Trabajador sector de la construcción

Las condiciones laborales tienen una enorme influencia sobre la salud de las personas trabajadoras. De hecho, hace años que los sindicatos denuncian que “la precariedad laboral enferma y mata”.

A pesar de la inclusión de los entornos laborales seguros y saludables entre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, en España, aún estamos lejos de alcanzar este hito. De hecho, nos encontramos en un momento crítico para la salud y seguridad del trabajo en nuestro país y, especialmente, en nuestra comunidad.

Por ello, desde UGT y CCOO, este 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, han pretendido ser “el altavoz de las víctimas y visibilizar el drama y sufrimiento que provocan los accidentes de trabajo” a través de una performance y la lectura de un manifiesto conjunto que ha tenido hoy lugar frente a la Consejería dirigida por Veganzones.

Cabe destacar que, el pasado 2022, se registraron en Castilla y León 63705 accidentes laborales. De ellos, 35.080 no provocaron baja, 2.487 se produjeron in itinere y 26.138 supusieron una baja en jornada laboral. Igualmente, cada 7 minutos de jornada laboral, sucede un accidente de trabajo con baja. Estos accidentes aumentaron un 3 % el pasado año respecto a 2021. Además, se produjeron 51 muertes en el trabajo, 9 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 21.43%.

En palabras de Mª Fe Muñiz, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT CyL, “son cifras inaceptables para una sociedad como la nuestra. Además, las enfermedades de origen laboral siguen ocultándose, enquistándose como la eterna asignatura pendiente de la prevención de riesgos laborales”.

Por eso, CCOO y UGT advirtieron ya en su momento que la recuperación de la actividad productiva tras la pandemia, si no venía acompañada de una mejora en las condiciones de trabajo, tendría como consecuencia un repunte de la siniestralidad. Y, desgraciadamente, estas previsiones se han cumplido. La seguridad y la salud en el trabajo siguen sin ser una prioridad para los distintos Gobiernos, como sucede en Castilla y León, que, según las organizaciones 2 sindicales, “en estos momentos, está viviendo una distopía con una acción de gobierno contraria a la corriente que desde Europa y también desde el Estado, aboga por impulsar y fortalecer el Diálogo Social como un medio para alcanzar acuerdos y soluciones sostenibles y justas para los trabajadores, las empresas y la sociedad en general”.

No hay que olvidar que las consecuencias de los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo suponen un grave problema social que lleva aparejados enormes costes humanos y económicos y, sin embargo, para Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO CyL “no cuentan con la atención que merecen por parte de las Administraciones ni de las empresas, la mayoría de los accidentes de trabajo se podrían evitar si se cumpliera la normativa en prevención de riesgos laborales.

Es más, desde los sindicatos apuntan a que la intención exclusiva de la Consejería de Empleo de la Junta de Castila y León “es generar ruido y falsear la realidad para justificar decisiones estrictamente ideológicas, eliminando a los sindicatos en Castilla y León, como referentes de las políticas preventivas innovadoras, justas, igualitarias y progresistas”.

Tampoco han querido olvidarse de aquellas personas trabajadoras que han enfermado por su trabajo y que, en Castilla y León, se incrementaron un 27,79% durante el pasado 2022 respecto al año anterior. Para los sindicatos, existe una enorme infradeclaración de las enfermedades profesionales y más concretamente, de los cánceres de origen laboral, entre los que se encuentran aquellos causados por el amianto. Y es que, durante 2022, se declararon 107 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, 76 de ellas debidas al amianto y otras 31 oficialmente ligadas a la exposición de otros agentes contaminantes (sílice cristalina, hidrocarburos…).

Al respecto, para revertir esta situación, UGT y CCOO proponen que el Gobierno incluya la creación de un registro nacional de empresas con riesgos de exposición a agentes cancerígenos y un registro de personas trabajadoras expuestas en la inminente modificación del RD de agentes cancerígenos.

En efecto, en Castilla y León, un total de 4.737 personas están bajo seguimiento de la Consejería de Sanidad por haber estado expuestas al amianto en sus puestos de trabajo. Por eso, CCOO y UGT se oponen “rotundamente al valor propuesto por el Consejo Europeo porque es un límite de exposición al amianto diez veces superior al recomendado por los expertos en salud laboral, lo que supondrá más muertes de personas trabajadoras por este motivo”.

Para finalizar, los sindicatos, en las declaraciones a medios realizadas hoy en la convocatoria frente a la Consejería de Empleo, también han abordado la necesidad de dar respuesta a las nuevas realidades que afectan en numerosas ocasiones al ámbito laboral como el cambio climático, la perspectiva de género o la digitalización. Para CCOO y UGT es urgente que el gobierno cambie la normativa para adaptarse a estas nuevas coyunturas e incluya dentro de las enfermedades profesionales los riesgos psicosociales del entorno en el trabajo. Asimismo, instan a la patronal a que integren los RRLL en la gestión empresarial los riesgos laborales y “se comprometa más”. 

UGT y CCOO denuncian la "imparable" la siniestralidad laboral en Castilla y León