Por centésima cuadragésima quinta vez (145), los vecinos de la Comarca de Sayago se han reunido para exigir una sanidad pública digna y eficiente. La persistencia en sus protestas refleja la gravedad de la situación actual del sistema sanitario en la región, agravada por listas de espera y vacantes en las plantillas de profesionales.
Un reciente informe ha mostrado que las aseguradoras privadas han visto un aumento del 7,16% en su facturación durante el primer trimestre del año, una tendencia impulsada por quienes pueden permitirse un seguro privado en medio de las deficiencias del sistema público. Esto subraya la urgente necesidad de fortalecer y mejorar los servicios de salud pública.
Además de la sanidad, los manifestantes también han expresado su preocupación por la potabilidad del agua. La localidad de Ledesma, afectada por altos niveles de pesticida metolacloro en el agua, ha tenido restricciones en el consumo. Aunque la Mancomunidad ha asegurado que el agua es apta para el consumo humano, los ciudadanos insisten en que se debe controlar el uso de pesticidas para prevenir futuras contaminaciones.
Demandas claves de los manifestantes
Se exige que los médicos vuelvan a tener consultas periódicas en todos los pueblos, independientemente de su tamaño. Actualmente, muchas localidades pequeñas, como Pasariegos, carecen de consultas regulares.
Las consultas deben realizarse en horarios conocidos y expuestos en los consultorios de todos los pueblos, evitando el descontrol y la incertidumbre actual.
Se pide que se elimine la necesidad de cita previa si se establecen días y horarios fijos para cada pueblo, facilitando el acceso directo a los servicios médicos.
El uso del pesticida metolacloro ha causado niveles de contaminación preocupantes en el agua captada del río Tormes. Aunque los filtros de carbón activado y el control del nivel del embalse han ayudado a superar este episodio, los vecinos exigen un control más riguroso del uso de pesticidas para evitar futuros problemas.
Los manifestantes subrayan que la sanidad pública es un derecho constitucional y esencial para la cohesión social. Argumentan que la despoblación se combate manteniendo los servicios públicos, y la falta de estos servicios contribuye al declive demográfico y al deterioro socioeconómico de las comarcas rurales.
