Los municipios de la zona de Sayago continúan sufriendo la falta de acceso a la sanidad pública en las mismas condiciones que el resto de Castilla y León. Así lo han denunciado este sábado la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Sayago en su septuagésimo octava protesta (78) organizada en los anexos al Centro de Salud de Bermillo.
La plataforma recuerda el caso de Pasariegos donde el médico no pasa consulta de manera periódica. Pero no es el único ejemplo, ya que otros territorios de la zona, pese a tener sobre el calendario una cita marcada han visto reducida a la mitad las frecuencias de visita del médico y el enfermero, como ocurre en Monumenta donde diariamente Pruden Garrote continúa actualizando el contador manual que ya suma 1092 días cerrado desde el estallido de la pandemia. Desde entonces, el consultorio apenas se ha abierto en 14 ocasiones, la primera vez en diciembre de 2021, esto es, 22 meses después de su clausura.
La lectura del manifiesto ha puesto por ello en evidencia que "en los pueblos pequeños, como los nuestros, las autoridades tienen que garantizar el acceso de los ciudadanos en iguales condiciones a la sanidad pública que en el resto de la comunidad".
Una reivindicación que reconoce al tiempo la férrea implicación de los profesionales sanitarios volcados en la comarca para tratar de cubrir las bajas y descansos del personal de guardia, pero que también se traduce en el Complejo Asistencial donde la apertura de quirófanos y de centros de salud por las tardes ha permitido acortar las listas de espera.
Desde la plataforma sayaguesa confían en que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad, no apueste por el modelo implementado en Andalucía donde también gobierna el PP y que ha apostado por establecer una orden que permite concertar la atención primaria con la sanidad privada. Esta normativa fija, por primera vez un precio a las consultas con el médico de familia, de manera que se puedan derivar pacientes de atención primaria a clínicas privadas, pagando 65 euros la primera consulta a esas empresas, 150 euros las consultas del especialista y 90 euros las consultas posteriores.
La disposición de la Junta de Andalucía también habilita a los médicos privados a trabajar por primera vez dentro de los hospitales públicos, para realizar operaciones y pruebas concertadas previamente con la administración pública. Una directriz de la que se desmarca la plataforma sayaguesa que reitera el "beneficio de las empresas de la sanidad privada" que sacan a costa de derivar servicios públicos saturados por la falta de personal.
Al tiempo, recuerdan sus exigencias que pasan por la eliminación de la cita previa, la publicación en fecha y hora de las consultas, la cobertura del total de las plazas ofertadas para la ZBS -a día de hoy faltan cinco médicos de área- así como la vuelta real de los médicos a todos los municipios.
