Multas de hasta 10.000 euros por no limpiar parcelas en Luelmo de Sayago

Entre las principales obligaciones, la ordenanza establece que los propietarios deberán mantener sus terrenos limpios, desbrozados y libres de residuos
Travesía Luelmo y Torregamones
photo_camera Travesía Luelmo y Torregamones

El Ayuntamiento de Luelmo ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza reguladora de la limpieza de terrenos y solares tras no registrarse alegaciones durante el periodo de exposición pública. El acuerdo inicial, adoptado en el pleno del pasado mes de enero, queda así ratificado y entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La normativa afecta a todos los suelos del término municipal —urbanos, urbanizables y rústicos— y tiene como objetivo principal garantizar el adecuado estado de limpieza y conservación de parcelas y solares, así como reducir el riesgo de incendios y problemas de salubridad.

Entre las principales obligaciones, la ordenanza establece que los propietarios deberán mantener sus terrenos limpios, desbrozados y libres de residuos. En el caso del suelo urbano y urbanizable, esta obligación será permanente, mientras que en el suelo rústico deberá cumplirse, al menos, antes del 1 de junio de cada año, coincidiendo con la época de mayor riesgo de incendios.

El texto también contempla mecanismos de control por parte del Ayuntamiento, que podrá inspeccionar los terrenos y, en caso de incumplimiento, actuar mediante ejecución subsidiaria, realizando los trabajos necesarios a costa del propietario.

En cuanto al régimen sancionador, las infracciones por incumplir estas obligaciones se considerarán leves, con multas que oscilan entre los 1.000 y los 10.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. Además, se prevé una reducción del 50% de la sanción en caso de reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario.

La ordenanza responde, según recoge su exposición de motivos, a la necesidad de reforzar la prevención ante incendios forestales y mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y protección ambiental en el municipio, especialmente tras los episodios registrados en los últimos años en la provincia de Zamora.

Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.

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