Bajo el lema "nuestros pueblos no se venden" y "Aliste ya no calla, Aliste se rebela y lucha por su gente y su tierra" ha tenido lugar en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcañices, un acto informativo de la Plataforma en Defensa del Mundo Rural, de la que forma parte la Asamblea Rural de Aliste, acerca de los nefastos efectos de la conocida como Ley Montoro sobre nuestros pueblos.
Comenzó el acto con la presentación de la Asamblea Rural de Aliste a los asistentes, informando de las acciones que promueve e invitando a la gente a pasarse por las asambleas que se llevan a cabo los últimos viernes de cada mes y a participar en pos de la transformación del mundo rural. Se repartieron folletos informativos de la Asamblea y el Banco de Tiempo que gestiona la misma, así como un manifiesto por la defensa de la Sanidad Rural donde se analizaba la situación y problemática actual, se denunciaban los recortes de enfermeros en la reestructuración sanitaria y se manifestaban alternativas viables sin recortes.
Asimismo, se denunció públicamente la censura de los "caciques" locales que han estado arrancando los carteles de promoción del acto, en los días previos, intentando ocultar a los vecinos una realidad manifiesta, como es su complicidad con el proceso de desmantelamiento de los servicios del mundo rural. También se criticó duramente la actitud servil del corresponsal de un medio de comunicación, ·que se inventa noticias sin contrastar ni preguntar a los promotores, con la intención de manipular y confundir a los lectores acerca de las verdaderas consecuencias de la aplicación de estas políticas de reestructuración y recortes".
Intervino en primer lugar Carlos Pedrero, que en una exposición clara y precisa, desgranó una a una las terribles consecuencias que el desarrollo de la Ley tendrá para los pueblos de Aliste, una ley tan perversa por lo que dice como por lo que oculta, una ley de corte claramente economicista que supondrría la muerte y desaparición de los pueblos de Aliste y de otras comarcas zamoranas. Para Pedrero esta ley "supone un ataque frontal a la democracia municipal y al mundo rural en clara contradicción con el Artículo 132 de la Constitución Española y vacía de competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes, de manera que la garantía de la autonomía local reconocida en el Artículo 140 de la Constitución Española puede verse cuestionada. Servicios básicos como el suministro de agua o la recogida de residuos sólidos, serán coordinados por las Diputaciones Provinciales para terminar en manos privadas. Estos servicios prestados ahora por los ayuntamientos y que generan empleo en los pueblos, se convierten en objeto de negocio a costa de los ciudadanos de los pueblos. Además, se aumentarán las tasas e impuestos y se reducirá la frecuencia en la prestación de los servicios para que el negocio sea rentable". Todo ello podría llevar a la privaticación de los servicios.
Intervino en segundo lugar Jerónimo Cantuche que habló de la reestructuración sanitaria que está llevando a cabo la Junta y que afectará con especial gravedad a los pequeños pueblos. Recortes de personal, más pueblos a atender por cada sanitario (médico o enfermera), menos tiempos de atención y pérdida de la calidad del servicio. En Aliste se eliminan de momento 3 plazas de enfermera. En Zamora, 25 plazas de médico y 14 de enfermera.
Advierte Jerónimo Cantuche el colapso en la atención sanitaria que se producirá en los pueblos en verano, cuando la población se multiplica por cuatro, y anima a los vecinos y alcaldes de los pueblos a que presenten reclamaciones por escrito en la Gerencia de Sanidad ante cualquier incidencia o déficit en la atención prestada.
La vida de los ciudadanos de los pueblos tiene el mismo valor que la de cualquier otro ciudadano con independencia de dónde viva. Y lo mismo podemos decir de sus derechos.
Cerró el turno de intervenciones Ana Isabel Esteban, de Solidaridad Intergeneracional, que informó al público asistente de lo relacionado con los servicios sociales, insistiendo en los profundos recortes y en la pérdida de derechos que se vienen produciendo, de aquéllos contemplados en la Ley de Dependencia, que el gobierno está desmantelando, suponiendo una vuelta a las épocas de la beneficencia. Las ayudas sociales se reducirán considerablemente, se reducirá también el número de beneficiarios y también el grado de cobertura de las necesidades de la población dependiente.
Concluyó el acto con un turno de intervenciones y preguntas por las personas del público asistente en las que se pudo constatar el rechazo e indignación que produce esta ley, la situación de indefensión en la que se sienten los habitantes del medio rural y el sentimiento de que "quieren destruir nuestros pueblos".
Se lamentó asimismo la pobre conciencia social de los habitantes de esta comarca de Aliste y el silencio cómplice de los alcaldes que con su actitud están poniendo de manifiesto su clara connivencia con los tiranos de "sus jefes", demostrando que el bienestar de los pueblos y de sus habitantes les importa bien poco, mas solo buscan mantener sus privilegios y su entramado caciquil.
Para finalizar, varios miembros de la Plataforma y de la Asamblea lanzaron un alegato en pos de la autoorganización y la autogestión para construir democracia real que nos empodere como vecinos y ciudadanos y permita avanzar hacia una transformación radical de las relaciones humanas, sociales, económicas y culturales.
