La histórica casilla de Fadón, al borde de la ruina y sin protección legal

Colectivos y defensores del patrimonio advierten de que, sin medidas urgentes de conservación, la provincia podría perder otro valioso testimonio de su historia vinculada a las comunicaciones, el trabajo en las carreteras y la memoria de un oficio desaparecido.
Fadón. imagen Hispania Nostra
photo_camera Fadón. imagen Hispania Nostra

La provincia de Zamora vuelve a situarse en el foco de la preocupación patrimonial tras la inclusión de la casilla de peones camineros de Fadón en la Lista Roja del Patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra. El inmueble, situado en la localidad de Fadón, perteneciente al municipio de Bermillo de Sayago, se encuentra en un avanzado estado de deterioro y carece de cualquier tipo de protección específica.

La casilla forma parte de un conjunto de edificaciones cuya construcción fue ordenada mediante Real Decreto el 25 de junio de 1852 para alojar a los peones camineros, trabajadores encargados del mantenimiento y conservación de las carreteras. Durante más de un siglo desempeñaron una labor fundamental para garantizar la seguridad y el buen estado de las vías de comunicación.

Estas construcciones tenían además un importante valor como elementos de señalización viaria. Sus fachadas incorporaban rótulos con las distancias a los principales núcleos de población del entorno, generalmente realizados con azulejos azules y letras blancas. Sin embargo, la casilla de Fadón destaca por una singularidad poco frecuente: sus inscripciones fueron ejecutadas mediante la técnica del esgrafiado, una característica que la convierte en una pieza única del patrimonio gráfico rural.

El edificio cuenta con una superficie aproximada de 110 metros cuadrados y una distribución formada por un vestíbulo común que daba acceso a dos viviendas independientes. Como era habitual en este tipo de construcciones, disponía además de un huerto compartido en su parte trasera.

A pesar de su interés histórico y etnográfico, la casilla presenta un estado de conservación deficiente. El inmueble permanece tapiado y registra desprendimientos tanto en parte de la fachada como en la cubierta. Además, la rotulación histórica de uno de sus muros laterales se encuentra prácticamente desaparecida.

La propiedad del edificio corresponde a la Junta de Castilla y León, que intentó venderlo mediante subasta pública en 2018. Sin embargo, la operación quedó desierta y desde entonces la construcción ha continuado deteriorándose sin que se hayan acometido actuaciones de rehabilitación.

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