La Comarca de Sayago ha sido testigo de la centésimo quincuagésima tercera protesta (153) consecutiva para exigir una sanidad pública digna. Cada semana, los vecinos de la zona salen a la calle para defender su derecho a un servicio de salud de calidad, reclamando mejoras urgentes en la atención sanitaria rural, la cual consideran que se ha deteriorado gravemente en los últimos años.
Uno de los principales problemas que enfrenta la comarca es la falta de médicos, lo que ha provocado una reducción drástica en las consultas presenciales en los pueblos más pequeños. Algunas localidades han pasado de tener consultas semanales a mensuales, o incluso, como en el caso de Pasariegos, ni siquiera cuentan con una consulta periódica del médico, dependiendo únicamente del personal de enfermería. Los vecinos exigen que las consultas se realicen en días y horarios fijos, conocidos por todos, y que se elimine la cita previa, una medida que consideran innecesaria si se restablecen los antiguos horarios.
Esta crisis en la sanidad de Sayago también ha evidenciado conflictos entre médicos y enfermería en torno a la prescripción de ciertos medicamentos. La Consejería de Sanidad ha sido llamada a intervenir para evitar que estas tensiones afecten a los pacientes, especialmente en un sistema sanitario que ya está bajo presión. Desde la plataforma ciudadana se reconoce la valiosa labor del personal de enfermería, que ayuda a aliviar la carga de trabajo de los médicos, pero recalcan que ambas profesiones deben colaborar de manera armónica.
Los ciudadanos recuerdan que la sanidad pública es un derecho constitucional y no puede verse limitada por la despoblación de las áreas rurales. "No somos ciudadanos de segunda", expresan los manifestantes, insistiendo en que la falta de servicios básicos como la sanidad está contribuyendo al fenómeno de la despoblación, agravando la situación económica, social y medioambiental de la comarca.
Los vecinos continúan firmes en su lucha, conscientes de que el mantenimiento de los servicios públicos es clave para frenar el éxodo rural y garantizar una calidad de vida digna para todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan.
