Las zamoranas que quieren abortar deben desplazarse a otras comunidades y costearse el viaje

La nueva ley que entró en vigor el pasado mes de marzo obliga a atender a estas mujeres en su propia provincia

En Castilla y León el 81% de los ginecólogos se declara objetores y no practicarán abortos

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CGT Zamora ha salido a la calle para informar a la población sobre la lucha por un derecho al aborto libre, legal, en la Sanidad pública, gratuito y universal. 

“Cuando una persona toma una decisión tan dura sobre su cuerpo nadie tiene derecho a decidir por

ella. Debe ser una opción que cada mujer debe tomar libremente, con toda la información a su alcance, sin coacciones, sin paternalismos, sin falsas demostraciones de moralidad. Nuestro cuerpo es nuestro y de nadie más”, han destacado en un comunicado.

Además, han asegurado que “la consecuencia más directa de las prohibiciones para abortar en todo el mundo son las maternidades forzadas. Muchas

mujeres terminan teniendo criaturas que no quieren. Si se encuentran en una situación de precariedad económica, esto aún las empobrece y precariza más”.

De esta forma han señalado que “la maternidad debe ser elegida y deseada. Porque cuando hablamos de aborto, también hablamos de maternidad. El aborto no seguro está incluido dentro de las principales causas de mortalidad materna”.

En España el 2 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Una ley que avanza en el reconocimiento de derechos reproductivos, menstruales y sexuales.

“Hay que vigilar que sea cierto en la práctica y no sólo sobre el papel, que en todos los centros sanitarios públicos se asegure el acceso al aborto, tanto farmacológico como instrumental. Otra cuestión a vigilar es que las mujeres tengan realmente garantizada la posibilidad de abortar en la sanidad pública y lo más cerca posible de su domicilio”, han explicado en un manifiesto.

Por otra parte, “todas las autonomías deben contar con personal médico no objetor, es decir, favorable a practicar interrupciones voluntarias del embarazo para asegurar que las mujeres que elijan abortar puedan ejercer su derecho, planteando la creación de registros de objeción de conciencia en cada comunidad autónoma, algo que todavía no se cumple en todas las regiones”.

Según CGT, en Castilla y León, el 81% de los ginecólogos se declara objetores y no practicarán abortos. Antes de que se aprobase esta nueva ley, a principios del año, en 5 provincias de la comunidad no se había notificado ningún aborto desde 2010 hasta 2021: Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora. 

“Llegado el caso, las mujeres eran derivadas a otras provincias para realizar la IVE, teniéndose que pagar de su bolsillo los gastos de viaje. Es fundamental para el ejercicio efectivo del derecho al aborto que la educación sexual llegue a todos los centros educativos adaptada a las distintas etapas y edades del alumnado, que supone la formación en esta materia de profesorado y trabajadores y trabajadoras públicas. Igualmente, estaremos vigilantes para comprobar que las personas gestantes y las mujeres trabajadoras que aborten accedan a una incapacidad temporal para su recuperación, como recoge la ley”, han denunciado.

Por su parte, han destacado que “la nueva ley sigue sin despenalizar totalmente el aborto, ni tampoco lo universaliza, exigiendo la tarjeta sanitaria para

su acceso, no siendo necesaria, en cambio, si se decide continuar con el embarazo. La extrema derecha intenta arrebatar el derecho a abortar para mantener una sociedad patriarcal y fascista”.

“No vamos a parar hasta que en todo el mundo podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Si se deniegan nuestros derechos en parte del planeta, son los derechos de todas las personas los que están siendo amenazados”, han concluido en el día Mundial por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

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