Zamora reúne a la abogacía de Castilla y León entre críticas al "caos judicial" y el desafío de la inteligencia artificial

Zamora se convierte durante tres días en el epicentro del debate jurídico autonómico con la celebración del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, un encuentro que pone sobre la mesa las principales preocupaciones de la profesión: la reorganización judicial derivada de la ley de eficiencia, la situación del turno de oficio, las pensiones de los mutualistas, la despoblación y la irrupción de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional.

La presentación del congreso contó con la participación del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes; la decana del Colegio de Abogados de Zamora y vicepresidenta primera de la Abogacía regional, Ana Martín; y el concejal de Economía del Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo.

Faúndez agradeció que la organización eligiera Zamora como sede del congreso y destacó el papel del Teatro Ramos Carrión como espacio concebido para atraer turismo congresual. El presidente provincial subrayó además el potencial patrimonial y gastronómico de la ciudad y defendió este tipo de encuentros como una oportunidad para proyectar Zamora como destino cultural y profesional.

“Zamora es una ciudad acogedora y cuenta con un patrimonio cultural muy rico”, señaló Faúndez, quien recordó además la reciente celebración de Las Edades del Hombre y la próxima feria Fromago como ejemplos del posicionamiento turístico y cultural de la provincia.

La organización del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León defendió además la importancia de la cooperación institucional y jurídica transfronteriza, especialmente en un territorio marcado por la despoblación y la proximidad con Portugal. Los responsables del encuentro destacaron la implicación de distintas entidades y el papel estratégico de Zamora como sede congresual y punto de conexión con el noroeste peninsular.

En este sentido, los organizadores subrayaron como “muy importante” la colaboración de la fundación vinculada al distrito jurídico, así como la participación de la Orden de los Abogados portugueses, de catedráticos de la Universidad de Galicia y de la Fundación Real de Justicia, entidades que aportarán una perspectiva internacional y académica al congreso.

Asimismo, Ana Martín puso de relieve la “responsabilidad” que supone albergar un encuentro de carácter cuatrienal cuya última edición se celebró en 2018. La cita pretende consolidarse como un espacio de reflexión sobre los principales desafíos jurídicos y sociales que afectan a Castilla y León y, especialmente, a los territorios periféricos y fronterizos.

Uno de los ejes centrales del congreso será precisamente el análisis del territorio y de las dificultades que atraviesan amplias zonas del oeste peninsular. Los organizadores recordaron que parte de las comarcas sobre las que girará el debate forman parte de “la zona más despoblada de Europa”, una circunstancia que condiciona el acceso a servicios públicos y derechos en igualdad de condiciones.

En este contexto, se defendió la necesidad de que la abogacía mantenga una posición activa para garantizar el acceso a la Justicia independientemente del lugar de residencia. “Los abogados tienen que estar ahí y no puede haber una voz pasiva que nos perjudique”, señalaron durante la presentación.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zamora, Diego Bernardo, trasladó la bienvenida a los asistentes y el agradecimiento a las instituciones que han respaldado la celebración del congreso en la capital zamorana. El Consistorio incidió en la voluntad de proyectar la imagen de Zamora como ciudad de congresos y eventos, poniendo a disposición de la organización distintos espacios culturales y escénicos. Entre ellos figuran teatros e instalaciones municipales que acogerán actividades paralelas y encuentros vinculados al programa del congreso, con el objetivo de reforzar el impacto económico y social del evento en la ciudad.

Rodríguez Santocildes explicó además que el congreso reunirá a una “abogacía comprometida” en un momento marcado por profundos cambios normativos y tecnológicos. Entre las cuestiones centrales citó las reformas organizativas de la Administración de Justicia, la situación del turno de oficio y las dificultades de los abogados mutualistas para acceder a “pensiones dignas”.

Uno de los ejes principales será el impacto de la inteligencia artificial en la profesión jurídica. El presidente del Consejo autonómico defendió que esta tecnología “será siempre una herramienta, pero nunca un sustitutivo de la abogacía”, al considerar que aspectos como la empatía, la cercanía con el cliente o la defensa de derechos ante los tribunales no pueden ser reemplazados por sistemas automatizados.

No obstante, advirtió también de los riesgos derivados de un uso inadecuado de estas herramientas, especialmente tras algunos casos recientes de utilización de jurisprudencia falsa generada mediante inteligencia artificial. “Apelamos al uso responsable de la inteligencia artificial”, afirmó, insistiendo en que corresponde a los profesionales supervisar y verificar cualquier contenido generado tecnológicamente antes de presentarlo ante los tribunales.

El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León fue especialmente crítico con la implantación de la ley de eficiencia y la reorganización judicial. “De muy buena nota no la podemos dar”, afirmó al ser preguntado por el funcionamiento del nuevo sistema.

Según explicó, la adaptación a la nueva estructura judicial se está produciendo “sin una previsión previa”, generando “descontrol” y “caos organizativo” en numerosos tribunales. Entre las consecuencias citó retrasos en procedimientos, suspensiones por errores de tramitación y una ralentización generalizada que, aseguró, acaba perjudicando directamente a la ciudadanía.

El turno de oficio ocupará también parte del debate congresual. Rodríguez Santocildes reclamó una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que sustituya a la vigente desde 1996 y que adapte el sistema a la realidad social y procesal actual.

En este sentido, denunció los “agravios comparativos” existentes entre comunidades autónomas y reivindicó un mayor reconocimiento económico y profesional para los abogados del turno de oficio, especialmente en territorios extensos y dispersos como Castilla y León, donde muchos profesionales asumen de su bolsillo gastos de desplazamiento para asistir a detenidos o víctimas de violencia de género.

El congreso se celebra cuatro años después del último encuentro autonómico de la abogacía, celebrado en Burgos. Para Rodríguez Santocildes, el escenario actual “no tiene nada que ver” con el de entonces debido a la aceleración de los cambios legislativos, tecnológicos y organizativos que afectan a la profesión jurídica.