Vecinos y comerciantes indignados caricaturizan a David Gago por el cierre del Arco de Doña Urraca y alertan del caos circulatorio en Zamora
La plataforma de afectados denuncia dificultades de tráfico, pérdidas económicas, accesos limitados y riesgos para peatones derivados del cierre del emblemático paso, en un malestar que ha derivado incluso en acciones visuales de protesta, como la elaboración de un cartel en el que el concejal aparece caracterizado como un emperador romano
Vecinos y comerciantes del casco histórico de Zamora mantienen su protesta contra el cierre del Arco de Doña Urraca desde poco antes de diciembre de 2025, en un conflicto que ha ido escalando en las últimas semanas hasta incorporar acciones simbólicas de protesta, como la caricaturización del concejal de Protección Ciudadana, David Gago, como un emperador romano, acompañada del lema “vene, vidi, cerré”, en clara crítica a su gestión. Los afectados denuncian que el edil aún no los ha convocado a la reunión prometida, pese a que, según recuerdan, “aseguró que nos llamaría en tres días y han pasado tres meses”.
Los afectados critican la falta de "empatía" del edil ante una situación que, aseguran, les está generando pérdidas económicas, recorridos “imposibles” y serios problemas de acceso a viviendas, garajes y negocios. A su juicio, el cierre ha derivado en un escenario diario de caos circulatorio, con desvíos que obligan a atravesar calles estrechas, zonas con alta densidad peatonal y puntos especialmente conflictivos del casco histórico.
En declaraciones públicas, Juan Pascual, comerciante del barrio, y Víctor Domínguez, vecino, señalaron que el cierre genera un caos vial cotidiano, afectando la entrada a residencias, comercios y lugares de trabajo. Según explicaron, los conductores se ven obligados a realizar recorridos alternativos complejos, pasando por calles estrechas, giros imposibles y zonas con alta presencia de peatones, incluidos colegios y zonas de ocio, donde el paso de vehículos y personas es incompatible.
“Lo primero es que aquí se meten los coches en el casco histórico cuando en otras ciudades los sacan”, señaló Pascual, mientras Domínguez subrayaba que el acceso actual genera atascos diarios y conflictos con vehículos de reparto, clientes y residentes. Ambos documentaron los problemas mediante fotos y vídeos, mostrando vehículos bloqueados, obras en calles, coches en doble fila y aceras dañadas, que dificultan la movilidad y generan riesgos evidentes.
Los comerciantes denuncian que la medida también afecta la actividad económica del barrio, con pérdidas visibles en ventas y dificultades para que proveedores accedan a los locales. Pascual añadió que incluso clientes con necesidades especiales, como personas con movilidad reducida, enfrentan obstáculos para llegar a tiendas o centros de rehabilitación. “No se trata de un capricho, es una cuestión de viabilidad y seguridad”, aseguró.
Ante esta situación, los vecinos proponen alternativas concretas y realistas, como la colocación de señales R100 que permitan la circulación solo a residentes y vehículos autorizados, la habilitación de pases diarios limitados para reparto y clientes, y la implementación de medidas que compatibilicen el paso de vehículos con la seguridad de los peatones, protegiendo al mismo tiempo el patrimonio histórico del Arco.
Los afectados subrayan que estas soluciones ya se aplican en otras ciudades amuralladas, como Ávila, y consideran que la planificación municipal debería ser participativa, evitando decisiones unilaterales que paralicen la vida vecinal y comercial. Según Pascual y Domínguez, la falta de control y de información por parte de la Policía Municipal y del concejal ha agravado el problema, generando confusión entre residentes, comerciantes y visitantes.
Ante este escenario, aseguran que la única persona que ha mostrado una verdadera disposición a escuchar y atender su situación ha sido Crisanto Vicente, jefe de la Policía Municipal, quien, según relatan, se ha reunido con los afectados para conocer de primera mano sus quejas, mostrando en todo momento educación, cercanía y una actitud receptiva, aspectos que los vecinos consideran especialmente reseñables y dignos de reconocimiento.
Y ante la falta de respuesta institucional, advierten de que llevarán el conflicto al Defensor del Pueblo y a Patrimonio Nacional, al considerar que se están vulnerando sus derechos como residentes y empresarios. De hecho, alertan de que uno de los pequeños negocios de la zona ya se traslada a otro punto de la ciudad, incapaz de sostener la actividad en las actuales condiciones.
Los vecinos reclaman mayor empatía por parte del Ayuntamiento y defienden que es posible compatibilizar la conservación del patrimonio histórico con la actividad económica y la vida diaria de los ciudadanos, evitando decisiones que, a su juicio, están vaciando de actividad el casco antiguo. En este sentido, ponen rostro a esa situación con testimonios directos del impacto económico que ya están sufriendo. “Le espero aquí, sentado en mi tienda, para explicarle cómo en los últimos meses mi negocio ha pasado de tener beneficios a registrar pérdidas”, ironiza Juan Pascual, quien invita a David Gago a visitar su establecimiento, Muebles Claudia, en la calle Costanilla.