El último Pleno del año de la Diputación de Zamora acaba con un "rifirrafe" sobre la "Ley Mordaza"
"No me aplique la Ley Mordaza de la Diputación", pedía la diputada Laura Rivera, al ser informada por el vicepresidente de la institución, José María Barrios, de que tenía tres minutos para defender su moción de urgencia en apoyo de los trabajadores de Unicaja, que han convocado movilizaciones contra un ERE que dejará en la calle a 35 empleados en Zamora y que plantea el cierre de 12 oficinas y despachos en la provincia.
Rivera adelantó la polémica que se avecinaba en el último Pleno de este año, presidido por el vicepresidente de la Diputación ante la ausencia "imprevista" del presidente Francisco Requejo, cuando el PSOE presentó una moción de urgencia en apoyo de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, más conocida como "Ley Mordaza", que se contraponía con otra del PP y del Grupo Mixto en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El portavoz del PSOE en la Diputación, Eduardo Folgado, y el diputado de IU, Sergio López, defendieron el cambio de la ley para proteger a "todos los ciudadanos", mientras que Barrios apuntó que la modificación solo protege "a los más violentos".
Para IU, la normativa se aprobó con la mayoría absoluta del PP en un contexto de tensión social debido a los recortes que aplicaron tanto PSOE como PP en los servicios públicos en aquellos años. Por ello, la coalición entiende que solo trataba de "impedir las movilizaciones" que se convocaban. "Es un atentado al derecho de manifestación", zanjó Sergio López.
La discusión acabó a dos bandas con Folgado acusando al PP de imponer el "rodillo" con aquella norma y defendiendo las inversiones del Gobierno socialista para mejorar las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Así es como se defiende a la Policía y a la Guardia Civil", subrayó el portavoz socialista.
El diputado del PP zanjó la controversia alegando que la modificación de la ley es el "pago político" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe pagar por el apoyo de ERC y Bildu.