El Grupo Socialista en la Diputación de Zamora ha presentado una serie de aportaciones y dudas al proyecto de Reglamento de la futura Agrupación Provincial de Voluntarios de Protección Civil impulsado por el equipo de gobierno del Partido Popular, al considerar que no se ha justificado de forma suficiente su necesidad ni su encaje dentro del actual sistema de emergencias.
Desde el PSOE recuerdan que las competencias en materia de Protección Civil corresponden fundamentalmente a los ayuntamientos, lo que ha llevado tradicionalmente a que las agrupaciones de voluntarios en Castilla y León dependan de las entidades locales. En este sentido, señalan además que no existe actualmente ninguna diputación provincial en la comunidad que cuente con una agrupación propia de este tipo.
La portavoz socialista, Sandra Veleda, ha señalado que antes de crear nuevas estructuras administrativas es necesario explicar qué problema concreto se pretende resolver y por qué se considera oportuno asumir funciones que ya se desarrollan en el ámbito municipal.
El grupo socialista pone también el foco en la falta de información económica del proyecto, al no acompañarse de una memoria detallada que permita conocer el coste real de su puesta en marcha y mantenimiento. Entre los aspectos que consideran clave se incluyen los gastos de formación, equipamiento, vehículos, seguros, uniformidad o coordinación operativa.
Actualmente, la Diputación de Zamora mantiene convenios de colaboración con agrupaciones de Protección Civil de municipios como Alcañices, Benavente, Toro y Villaralbo, además de la agrupación de la capital, que desarrolla labores de apoyo en emergencias y prevención en distintos puntos del territorio provincial.
Por ello, el PSOE reclama aclaraciones sobre la relación que tendría la nueva agrupación provincial con estas estructuras ya existentes, así como sobre el papel que desempeñarían los convenios en vigor, advirtiendo del riesgo de generar duplicidades o solapamientos en la prestación del servicio.
Asimismo, los socialistas piden una definición más precisa de la figura de los colaboradores recogida en el texto normativo y reclaman que cualquier reforma en este ámbito se aborde desde el consenso institucional y la coordinación con los municipios.
