Los Ministerios de Industria y Transición Ecológica han sido requeridos (desde el pasado mes de noviembre) para aportar información y acceso en la gestión de los fondos europeos en la causa abierta por la Biorrefinería de Barcial del Barco (Zamora) y hasta la fecha, por la información de la que disponemos, no están colaborando con la justicia, más en concreto con el juzgado nº 6 de Zamora que investiga una presunta trama de corrupción cuyo fin último habría sido, siempre presuntamente, captar fondos europeos a costa del desarrollo de los promotores de la Biorrefinería, legítimos propietarios.
Recordamos que están pendientes de declarar por esta causa abierta, en calidad de testigos, el ex-vicepresidente de la Junta de Castilla y Léon, Fransico Igea Arisqueta, el ex-director general de industria, Alberto Burgos Olmendo, el Presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo Rodríguez, así como un directivo de la multinacional Acciona y el administrador de la empresa promotora.
Estos hechos, además, se suman a los expuestos por el medio de comunicación Vozpópuli en los que informan de los requerimientos realizados por la Fiscalía Europea (en una causa abierta en España) a los Ministerios citados, habiéndo obtenido una falta de colaboración en los requerimientos solicitados.
Vozpópuli informa además de que en España hay una causa abierta, por la Fiscalía Europea, por presunto fraude en la gestión de fondos europeos, hechos que coinciden con las informaciones dadas por el Día de Zamora, medio local zamorano, y que relacionan la misma con la denuncia realizada por el equipo promotor de la Biorrefinería de Barcial del Barco. Dicho medio cita a la multinacional Acciona como empresa investigada, presuntamente, por la Fiscalía Europea (EPPO).
En base a estas informaciones y a una presunta falta de colaboración con la Justicia por parte del Gobierno de España, desde nuestro colectivo urgimos a una rectificación en el comportamiento del ejecutivo nacional.
El daño reputacional, a nivel internacional, que se está haciendo al país no tiene precedentes y además, no colaborar con la justicia es un delito.
En este sentido, exigimos al Gobierno de España, en general, y a los Ministerios de Industria y Transición Ecológica, en particular, que cumplan con su deber de colaboración con la Justicia, tanto española como europea, otro comportamiento es, a juicio de esta plataforma, muy sospechoso pues pudiera dar a entender que se están encubriendo presuntos delitos y/o actuaciones presuntamente irregulares.
"Los hechos que están siendo investigados son muy graves e inadmisibles en un Estado de Derecho y miembro de la Unión Europea ya que atentan, presuntamente, contra los mismos cimientos sobre los que se asienta el sistema. Por este motivo, es de vital importancia que los mismos sean esclarecidos y la ciudadanía pueda conocer la verdad".
