La paciencia se agota en la Ayuda a Domicilio de Zamora: 600 trabajadoras acusan a Aralia de incumplir el convenio
Siete meses. Ese es el tiempo que, según denuncian las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Zamora, llevan reclamando unas cantidades salariales que consideran pendientes por el incumplimiento del convenio colectivo. Sin avances tras meses de negociaciones y reuniones, la plantilla volvió este domingo a salir a la calle para exigir lo que considera un derecho: que se respete el convenio, se abonen las diferencias salariales y la Diputación de Zamora haga cumplir las condiciones del contrato público adjudicado a la única empresa que licitó, la vallisoletana Aralia.
La plaza de Viriato volvió a convertirse en el epicentro de un conflicto que va mucho más allá de una reivindicación económica. Entre aplausos, pancartas y consignas como "Salario robado, convenio NO aplicado", "No somos invisibles, somos imprescindibles" o "Si la Diputación no vigila, Aralia nos humilla", una representación de las 600 trabajadoras del servicio en el mundo rural quiso recordar que detrás de esta protesta hay centenares de profesionales que cada día recorren kilómetros para atender a personas mayores y dependientes, sosteniendo uno de los servicios públicos más importantes para el mantenimiento de la población en el medio rural.
La concentración reunió a auxiliares llegadas desde distintos puntos de la provincia, muchas de ellas procedentes de pequeños municipios donde la ayuda a domicilio se ha convertido en un recurso imprescindible para que las personas puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Precisamente por esa responsabilidad, las representantes sindicales insistieron en que no están reclamando ningún privilegio, sino el cumplimiento de unas condiciones laborales pactadas y recogidas en el convenio colectivo.
"No estamos pidiendo ningún favor, solo queremos que se cumpla lo que nos corresponde", defendieron durante la lectura del manifiesto. Recordaron que la empresa aceptó gestionar un contrato público y, por tanto, también la obligación de respetar las condiciones laborales establecidas para su plantilla. "Las decisiones empresariales no pueden acabar pagándolas quienes hacemos posible que este servicio siga funcionando", subrayaron.
La Diputación, en el centro de las reivindicaciones
Aunque las críticas se dirigieron directamente hacia la empresa concesionaria, una parte importante de las reclamaciones apuntó también a la Diputación de Zamora, como administración responsable del servicio.
Las trabajadoras consideran que la institución provincial debe ejercer una labor de vigilancia más estricta para garantizar que la empresa cumple todas las obligaciones incluidas en el contrato. A su juicio, el hecho de que únicamente una empresa concurra a la licitación no puede convertirse en una justificación para tolerar incumplimientos laborales.
Durante la concentración recordaron que ya han mantenido varias reuniones tanto con el presidente de la Diputación como con el diputado de Servicios Sociales. Sin embargo, aseguran que las conversaciones solo se han traducido en "buenas palabras", mientras el conflicto continúa exactamente en el mismo punto.
Una diferencia salarial que sigue sin resolverse
El origen de la protesta sigue siendo el mismo desde hace meses. Según explican las delegadas sindicales, Aralia únicamente ha aplicado una subida salarial del 2,7 %, cuando el convenio colectivo establece un incremento del 7 %. Esa diferencia del 4,3 % es, según sostienen, la cantidad que llevan dejando de percibir desde hace siete meses.
Las representantes de la plantilla recuerdan que el conflicto ha recorrido ya prácticamente todas las vías posibles de negociación. Han acudido al SERLA, posteriormente a la comisión paritaria y actualmente el procedimiento permanece pendiente de un arbitraje. Mientras tanto, denuncian que las cantidades reclamadas siguen sin aparecer en las nóminas.
Mucho más que un problema de salarios
Las reivindicaciones de las auxiliares no se limitan al incremento salarial. Durante la concentración denunciaron también unas condiciones de trabajo que consideran cada vez más difíciles de sostener.
Muchas trabajan con jornadas parciales, utilizan sus propios vehículos para desplazarse entre domicilios y continúan cobrando un kilometraje de 0,22 euros, una cantidad que consideran insuficiente ante el incremento del coste de los desplazamientos.
A ello suman otra reivindicación histórica: el tiempo empleado desde sus domicilios hasta el primer servicio sigue sin remunerarse, pese a que en numerosas ocasiones deben recorrer decenas de kilómetros antes incluso de comenzar la atención a los usuarios.
Para la plantilla, estas circunstancias reflejan la falta de reconocimiento hacia un colectivo mayoritariamente femenino que desempeña un trabajo esencial para garantizar la atención de las personas dependientes en toda la provincia.
Un conflicto con consecuencias sociales
Más allá del ámbito laboral, las trabajadoras quisieron insistir en que este conflicto afecta directamente a un modelo de atención que las administraciones defienden como prioritario: permitir que las personas mayores permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible.
"Quieren que la gente permanezca en sus casas y no vaya a residencias, pero luego nos maltratan", lamentaron durante la concentración. Una reflexión que resume el sentimiento de frustración de muchas profesionales, convencidas de que resulta cada vez más complicado prestar una atención de calidad mientras se sienten desprotegidas laboralmente.
Las auxiliares recuerdan que su trabajo va mucho más allá de la asistencia doméstica. Son quienes acompañan, cuidan y combaten la soledad de cientos de personas que viven en pequeños pueblos de la provincia, convirtiéndose, en muchos casos, en el principal apoyo diario de los usuarios.
"No vamos a rendirnos"
Lejos de dar el conflicto por agotado, las trabajadoras anunciaron que mantendrán las movilizaciones mientras no se aplique íntegramente el convenio colectivo y se abonen las cantidades que consideran pendientes.
También advirtieron de que, si la situación no cambia, están dispuestas a acudir a los tribunales para reclamar judicialmente los salarios que entienden les corresponden.
La concentración concluyó con un mensaje de unidad y firmeza. Entre aplausos, las trabajadoras de la ayuda a domicilio dejaron claro que no piensan abandonar una reivindicación que consideran justa. "No vamos a rendirnos. Saldremos a la calle las veces que haga falta y seguiremos defendiendo nuestros derechos hasta el final", proclamaron antes de dar por finalizada una nueva protesta que vuelve a situar en el foco las condiciones laborales de uno de los servicios más esenciales para el bienestar y la permanencia de la población en el medio rural.