El desahucio de la mujer víctima de violencia de género y sus dos hijos menores ha vuelto a paralizarse durante la mañana de este martes, fecha en la que de debía producir el lanzamiento, por una nueva prórroga judicial concedida por el juzgado de Zamora. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Zamora, esgrimía el pasado viernes un documento del Comité de Derechos Económicos de la ONU (CESCR) en el que se solicitaba a las administraciones y autoridades competentes la paralización del desalojo hasta que se resolviese el caso en dicho órgano de las Naciones Unidas.
Todo parece indicar, de acuerdo a la información recabada por Zamora News, que esta consideración ha sido aceptada por el juzgado de Zamora que vuelve a retrasar, por quinta vez desde el mes de noviembre, el desahucio de una familia que está viviendo un auténtico calvario debido a la lentitud de las administraciones locales y regionales (Ayuntamiento y Junta) para facilitarle un alquiler social o una alternativa habitacional, tal y como también solicitó el Procurador del Común.
Hasta el domicilio se habían desplazado durante la mañana de hoy una veintena de miembros de PAH Zamora para intentar frenar el desahucio. La última vez esta acción acabó entre lágrimas de alegría y abrazos de emoción, la familia el pasado 17 febrero había encontrado un alquiler y el Ayuntamiento se haría cargo del pago de la renta durante los primeros meses. Sin embargo, todo se truncó hace ahora una semana, cuando los CEAS solicitaron un alquiler por tan solo seis meses, un punto al que los arrendadores no aceptaron al considerarlo un periodo de tiempo demasiado exiguo.
Este ya es el quinto lanzamiento paralizado en apenas 5 meses, entre tanto la Junta de Castilla y León continúa tramitando las más de 130 solicitudes para alquiler social (esta competencia es de carácter regional) y creen, de acuerdo con lo trasladado hace una semana por la delegada territorial de la Junta, que podrán empezar a adjudicar viviendas a partir de mediados de este mes, sin embargo esto no significa que una de esas casas vayan a parar a esta familia.
Por su parte, el Ayuntamiento y la PAH han tenidos sus más y sus menos. La plataforma acusó al consistorio de inacción y cargó contra los trabajadores de los servicios sociales, el Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida respondió hace un par de semanas afirmando que cualquier alternativa habitacional ha sido gracias al trabajo municipal y no al movimiento social (en clara alusión a la PAH) en la calle.