La Plataforma de Afectados por la Hipoteca han hecho públicas esta mañana las seis denuncias interpuestas por la Subdelegación del Gobierno por la manifestación para parar el deshaucio de Ramón Álvarez.
Unas denuncias que han recibido seis personas de la plataforma y que son de una cuantía de 600 euros.
La Plataforma ha emitido un comunicado que transcribimos integramente:
"Ya teníamos antecedentes de denuncias de la policía contra miembros de la PAH de Zamora por las acciones llevadas a cabo contra la estafa de los bancos y la vulneración sistemática y continuada del derecho a la vivienda por parte de las políticas serviles del gobierno del PP en beneficio del poder financiero y que hemos venido realizando a través de concentraciones ante las sucursales de los bancos y ocupaciones de las mismas cuando han pretendido desahuciar a la gente, así como otro tipo de acciones, todas ellas pacíficas, saldándose con diez denuncias por desacato, coacciones o resistencia a la autoridad, en dos ocasiones distintas, denuncias que recurrimos ante el juzgado y que, finalmente, ganamos el recurso, excepto la condena de uno de nuestros compañeros a cuatro meses de cárcel o su sustitución por una multa o trabajos a la comunidad.
En esta ocasión, las multas de 300 euros han recaído sobre seis personas que asistieron al llamamiento que la PAH hizo para concentrarse ante la Delegación de Hacienda en defensa de derechos básicos, que creíamos que se estaban vulnerando, de una familia de Toro, Mari y Ramón, a quienes la Agencia Tributaria había embargado su granja y su vivienda por una deuda contraída por una mala información y un mal asesoramiento, cuando tenían, junto con dos hermanos de R., una sociedad de compra-venta de coches de importación y cometieron el error de no cobrar el IVA a los compradores de los coches que vendían a sus clientes, IVA que la A.T. reclamó años después, encontrándose con una deuda que no pudieron asumir y que finalmente terminó con el embargo de los bienes patrimoniales, además del taller de coches en el que trabajaban.
La base de la denuncia de la policía es no haber notificado el llamamiento a la ciudadanía para concentrarse ante la subdelegación de la Delegación de Hacienda, cuando este llamamiento se tuvo que hacer de un día para otro porque el caso llegó a la PAH el día 30 de mayo y el día 31 de mayo se hizo la convocatoria para el 1 de junio. La razón de esta premura es porque queríamos negociar con la A.T., con la que teníamos un encuentro ese día, antes de que sacaran a subasta la granja y la vivienda, subasta prevista para el día 6 de junio y, a ser posible, parar lo que considerábamos un desahucio de su vivienda y la pérdida de su medio de vida, por lo que ya incumplíamos los 10 días mínimos que marca la ley. En este sentido, la libertad de manifestación está por encima de reglamentos sobre la misma, mas aún si cabe, cuando no se altera el orden público como era en este caso, puesto que es una plaza por la que no hay circulación y no se impedía el normal desarrollo de la vida en la ciudad."
