El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha presentado hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes tres informes correspondientes al sector público local: las fiscalizaciones de determinadas áreas de los ayuntamientos de Salamanca y León, así como la fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos aprobados por las entidades locales en 2018, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
Con Salamanca y León son ya 6 las auditorías específicas realizadas a las capitales de provincia. Este año se completará el ciclo con Zamora y Soria, en elaboración, y la de Segovia, incluida en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2021.
Tras la presentación de los tres informes por el presidente del Consejo, Mario Amilivia, quedarán 5 ya aprobados, pendientes de comparecencia, y una programación de 50 auditorías en marcha (las 35 nuevas del Plan Anual de 2021 y otras 15 de planes anteriores), muchas de las cuales estarán finalizadas en este primer semestre del año. En el actual mandato se han realizado 18 comparecencias en las que se han presentado ya 50 informes, una cuarta parte del total histórico.
Por número de expedientes destaca el Ayuntamiento de Zamora, con 138, y el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación de León, con 63 expedientes cada uno. Destacan los expedientes que provienen de omisiones de fiscalización al representar un 40% del total y un 51% del importe, así como los que derivan de acuerdos contrarios a reparos de los interventores, un 41% del total y un 23% del importe.
El Consejo recomienda a las 13 entidades afectadas que detalla el informe (ayuntamientos de Ávila, Burgos, Ponferrada, San Andrés del R., Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, así como las diputaciones de Ávila, Burgos, León y Valladolid) que deberían controlar y reducir el volumen de los gastos aprobados con REC a efectos de que se configuren como una excepción al principio de anualidad y temporalidad de los créditos.
Además, se recomienda a los ayuntamientos de Ponferrada y Salamanca, las diputaciones de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora que cuando excepcionalmente no hayan podido realizar a fin de ejercicio la aplicación a presupuesto de obligaciones que derivan de transacciones realizadas en el año, siendo procedente dicha aplicación, deberán, al menos, realizar un registro en la cuenta de acreedores correspondiente.
