La Diputación de Zamora ha aprobado, en el último premio ordinario del 2019, la prórroga del contrato de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Zamora para el año 2020. Se trata de un acuerdo con la empresa SANIVIDA, que ya ejecutó estas labores durante el presente curso, y cuya renovación tiene un coste de casi siete millones de euros. La institución provincial saca adelante esta propuesta a diez días del vencimiento del vigente contrato.
Como de costumbre, el peso de la oposición ha recaído en la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, que ha vuelto a batallar casi la totalidad de los puntos que se han tratado en la sesión de este viernes. Rivera ha incidido en sus diferentes intervenciones en “los muchos ejemplos de mala gestión que se han traído hoy a esta sesión de un grupo parlamentario (el PP) y un presidente del organismo (Francisco Requejo, de Ciudadanos) que presumen de ser buenos gestores”. Por su parte, la bancada popular y el equipo de Gobierno han reiterado que las acciones llevadas a cabo desde julio responden a una “necesidad urgente” de las medidas tratadas durante el pleno ordinario de diciembre.
Los nueve puntos abordados –sin entrar en consideración con las aprobaciones de las actas de sesiones anteriores– han sido aprobados con los votos favorables de Partido Popular y PSOE y con las abstenciones del grupo IU. El único tema que ha concitado el acuerdo de todo el pleno ha sido el relativo a la modificación parcial de la Relación de puestos de Trabajo de la institución provincial.
Una renovación que no admitía más demora
El punto que mayor controversia ha generado, en gran parte por su intrínseca importancia económica, es la prórroga del Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia para el año 2020.
Laura Rivera ha aprovechado su turno de palabra para recriminar la “tardanza en la aprobación del mismo” que ha provocado que “el informe de la secretaría concluye que su prorrogación está fuera de plazo, es decir de los 6 meses antes de que se extinga el acuerdo, y por tanto es disconforme con la legalidad vigente”. La portavoz de IU ha calificado este proceso de “chapuza política” y ha exonerado a los técnicos “de responsabilidad alguna. Por último, Rivera ha finalizado su intervención anunciando que su grupo se abstendría porque quería poner de manifiesto “la mala gestión del equipo de Gobierno provincial”, aunque en última instancia afirmó que la formación opositora “apoya esta prórroga”.
El responsable de Política Social, el popular Juan Dúo, respondió a las acusaciones de Rivera explicando por qué la aprobación de la prórroga se ha demorado hasta prácticamente la fecha de finalización del contrato con SANIVIDA: “El 5 de junio se firma por parte de esta institución la orden de incoación para llevar a cabo la prórroga de este contrato, pero se dan dos circunstancias que obligan a retrasar su aprobación: la primera es la solicitud del comité de empresa que nos pide la paralización del expediente porque estaba llevando a cabo una negociación con su plantilla; la segunda es que la Junta de Castilla y León reclama a la empresa una certificación que tenía pendiente”. Dúo sostiene que todas esas circunstancias han obligado a postergar la prórroga y sostiene la necesidad de la aprobación de la misma “porque el 31 se cumple el contrato, pero el día 1 hay que seguir dando servicio”.
Por su parte, el portavoz socialista, Eduardo Folgado, reprobó la actitud del PP “echando la culpa del retraso a las trabajadoras de la empresa” y reclamó “unidad de todos los grupos” para agilizar “la presente situación” y trabajar de cara al futuro para elaborar un expediente “que beneficie a todas las partes”.
Problemas de abastecimiento y modificación de los puestos de trabajo de la residencia de Toro
El pleno de la Diputación de Zamora también aprobó dos partidas presupuestarias para solucionar los problemas relacionados con el abastecimiento de agua potable en los municipios de Miceres de Tera y Arcenillas. Ambas actuaciones ascienden a más de 66.000 euros. El equipo de Gobierno defendió su actuación por la perentoriedad que requerían las actuaciones, mientras que el grupo IU criticó “la opacidad” con la que se han adjudicado estas intervenciones.
La institución provincial también sacó adelante, con los votos a favor de PP, Cs y PSOE y la abstención de IU, la aprobación de la modificación de plantilla y relaciones de puestos de trabajo de la Residencia de Toro, el pago por casi 120.000 euros de obras y servicios ya ejecutados, la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Servicios Valle del Esla y Sayagua y la licitación del servicio de seguridad en los centros de la Diputación (una licitación que había sido tumbada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León por presentar cláusulas favorables a las empresas zamoranas y que van en contra de la ley de contratación de las instituciones públicas).
