Miguel Ángel Viñas, candidato de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo: En Común, ha dado a conocer este viernes las principales propuestas de la coalición en materia de vivienda, insistiendo en que el acceso a una vivienda digna es un derecho recogido en la Constitución española que debe garantizarse mediante políticas públicas.
Viñas ha recordado que el texto constitucional establece que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando el uso del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación. Sin embargo, considera que esta premisa no se está cumpliendo actualmente, por lo que ha defendido reforzar la gestión pública de la vivienda.
Desde Izquierda Unida sostienen que es necesario cambiar el modelo actual y entender la vivienda pública como un bien al servicio de todas las capas sociales, y no únicamente como una herramienta destinada a situaciones de vulnerabilidad.
El candidato ha señalado que existe una necesidad evidente de vivienda accesible económicamente, con precios ajustados a los salarios reales de la población. Esta situación afecta especialmente a los jóvenes, que encuentran grandes dificultades para emanciparse, una problemática que, según ha subrayado, impacta aún más en las mujeres debido a la brecha salarial.
Por ello, la coalición apuesta por una política ambiciosa de construcción de vivienda pública, tanto en viviendas de protección oficial como en alquiler social, una estrategia que, aseguran, ha estado abandonada durante años en la provincia de Zamora.
Viñas ha defendido además la colaboración entre administraciones como una vía viable para impulsar nuevos proyectos. Como ejemplo ha citado la colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora y la Junta de Castilla y León que ha permitido la construcción de 42 viviendas destinadas al alquiler joven en la zona de Vista Alegre, en suelo municipal.
Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento ha planteado la cesión de parcelas en la zona de Cardenal Cisneros, donde podrían construirse alrededor de 250 viviendas más, una propuesta que fue bien recibida inicialmente por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, aunque, según ha señalado, todavía no se ha formalizado la solicitud del suelo por parte de la Junta.
Para el candidato de IU, el problema de la vivienda en Zamora tiene solución si existe voluntad política, aunque considera que es urgente actuar ante los retos que se plantean a corto y medio plazo.
Entre ellos ha citado la tendencia de consolidación e incremento de población en la capital, lo que hace aún más necesario disponer de una oferta suficiente de vivienda para fijar y atraer población.
En este sentido, también ha mencionado la futura puesta en marcha del campamento militar de Monte la Reina, en Toro, prevista para 2027, que supondrá la llegada de cerca de 1.400 militares y sus familias, lo que previsiblemente incrementará la demanda de vivienda en la zona.
A este escenario se suma el desarrollo industrial previsto en el entorno de la capital. Viñas ha señalado la puesta en marcha del Polígono Industrial de Monfarracinos, con 1.500.000 metros cuadrados, así como la ampliación del polígono Zamora Norte con 48 nuevas hectáreas, actuaciones que podrían generar empleo y aumentar la demanda de vivienda en Zamora y su entorno.
Desde Izquierda Unida consideran que el debate político actual se centra en cruzar responsabilidades entre administraciones, pero sostienen que la solución en ciudades pequeñas y medianas como Zamora no pasa por incentivos fiscales o ayudas al alquiler, sino por la construcción directa de vivienda pública.
En este sentido, defienden que los ayuntamientos disponen de suelo suficiente para este tipo de proyectos, especialmente tras los cambios en la Ley de Urbanismo que permiten construir vivienda pública en suelos de dotaciones comunitarias.
Según ha indicado Viñas, el Ayuntamiento de Zamora podría poner suelo gratuito para construir más de 1.000 viviendas públicas, lo que permitiría impulsar la oferta de vivienda asequible, fijar población y contribuir a revertir la despoblación en la provincia.
La coalición considera que la Junta de Castilla y León, como administración competente en la construcción de vivienda, debería destinar más recursos a este objetivo en lugar de reducir tributos, mientras que el Gobierno central debería transferir fondos condicionados a las comunidades autónomas para impulsar este tipo de proyectos.
