La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora, encargada de investigar un supuesto fraude en la adjudicación de subvenciones provenientes de fondos europeos, ha identificado "numerosos indicios" durante la fase de instrucción. Estos indicios, según fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE, son lo suficientemente sólidos como para considerar la posibilidad de que se hayan realizado adjudicaciones fraudulentas e ilícitas.
Este avance en la investigación ha llevado a la magistrada a solicitar la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Se les ha encomendado analizar las transferencias realizadas por los ministerios de Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, y Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero. Esta solicitud fue planteada por el equipo legal de los empresarios que presentaron la denuncia original.
El juzgado ya había notificado a los denunciantes, mediante una providencia fechada el 16 de mayo, que la solicitud de investigación presentada el 1 de abril había sido aceptada. Dichos empresarios ampliaron su querella el 21 de abril de 2023, tras haberla interpuesto inicialmente el 29 de febrero de ese año, demandando que se atendieran diversas cuestiones.
En su denuncia, los empresarios solicitaron que la UCO investigara las transferencias realizadas desde los ministerios implicados hacia varias empresas del grupo Acciona (incluidas Acciona Energía S.A., Acciona Industrial S.A., y otras) y hacia Incus Capital Advisors S.A., entre los años 2021 y 2023. Este grupo empresarial argumenta que existen "numerosos indicios" de que se habrían concedido adjudicaciones fraudulentas mediante técnicas de ingeniería financiera difíciles de rastrear.
Asimismo, pidieron que se interviniera en el Ministerio de Hacienda y en el de Transición Ecológica para acceder a la documentación que, según afirman, se les ha negado hasta el momento. También se solicitó que se recabara información sobre posibles solicitudes de subvenciones o ayudas por parte de Acciona y terceros en relación con proyectos como la biorrefinería de La Robla.
La jueza ha autorizado la investigación por parte de la UCO, aunque ha aplazado la decisión sobre otras diligencias solicitadas por los denunciantes, a la espera de los resultados que arroje dicha investigación. Según los empresarios, se les ha informado de que se atenderá su solicitud de prueba en relación con la UCO, pero no se les ha comunicado cuándo se pondrá en marcha dicha investigación.
Este proceso judicial tuvo su origen en una información publicada por THE OBJECTIVE en marzo, donde se mencionaban seis adjudicaciones en España que estaban bajo la lupa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por sospechas de corrupción en el uso de fondos europeos. Una de estas adjudicaciones, fechada el 22 de noviembre de 2022, hacía referencia a posibles irregularidades en proyectos relacionados con la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla.
Los empresarios han presentado diversas denuncias tanto ante organismos europeos como ante ministerios españoles, alegando la existencia de una "presunta trama corrupta". Acusan a ciertas empresas del grupo Acciona de haber solicitado subvenciones fraudulentas para un modelo industrial similar al de la biorrefinería, un proyecto que los denunciantes aseguran estar protegido por patentes propias.
El portavoz de los denunciantes, Vicente Merino, ya había llevado el caso ante la Fiscalía Anticorrupción en enero de 2022, así como ante el Juzgado número 6 de Zamora en diciembre de 2021. El monto de la subvención, en caso de haber sido otorgada, podría ascender a 500 millones de euros.
