El principal problema radica en la incompatibilidad real entre la percepción de este subsidio y el empleo temporal o parcial. Aunque el IMV se define como "compatible con el trabajo", en la práctica, los cambios en la situación laboral de los perceptores generan cobros indebidos y deudas inesperadas con la Seguridad Social, haciendo que aceptar un empleo pueda convertirse en una trampa económica.
La trampa de los cobros indebidos
El sistema del IMV establece una renta mínima garantizada, cuyo importe varía en función de la composición familiar. Sin embargo, cuando una persona consigue un empleo, aunque sea temporal o a tiempo parcial, los ingresos adicionales no se ajustan de inmediato en el cálculo del IMV. Esto provoca que, al realizar la revisión anual, la Seguridad Social detecte un exceso de ingresos y reclame devoluciones por "cobros indebidos".
Por ejemplo, una persona que viva sola y perciba 604 euros al mes de IMV podría encontrar un trabajo temporal de seis meses con un salario mínimo interprofesional de 1.323 euros mensuales. Al finalizar el contrato, accederá a un subsidio de desempleo de 480 euros mensuales durante otros seis meses. En este escenario, la suma de ingresos anuales superaría el umbral permitido por el IMV y la Seguridad Social podría reclamar la devolución de cientos de euros, a pesar de que la persona ya esté nuevamente en situación de vulnerabilidad.
Esta problemática se agrava en el caso de familias monoparentales, donde el IMV podría reducirse drásticamente tras la incorporación laboral del beneficiario. Aún cumpliendo con la comunicación de cambios de situación a la Seguridad Social, el retraso en la revisión anual genera cobros indebidos que terminan endeudando a los beneficiarios.
Un sistema que penaliza el empleo
El objetivo del IMV debería ser facilitar la transición al empleo estable, pero en la práctica, sus normas lo convierten en un obstáculo para la autonomía económica. Las revisiones de ingresos se hacen con datos fiscales de hace dos años, lo que significa que una persona que tuvo un contrato temporal en el pasado podría ser penalizada en el presente, a pesar de encontrarse nuevamente en situación de precariedad.
Además, los errores administrativos y la falta de coordinación entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas han generado una situación paradójica: en algunos casos, el IMV se otorgó de manera automática a familias vulnerables, pero después se les exigió la devolución de miles de euros por "errores" en la concesión del subsidio. Incluso se han dado situaciones donde los hijos heredan las deudas de los padres con la Seguridad Social, convirtiendo la asistencia social en una carga económica intergeneracional.
Propuestas para un sistema más justo
Para evitar que el IMV siga funcionando como una trampa para la pobreza, es necesario reformar su sistema de cálculo y revisión:
Ajuste inmediato de los ingresos: Las revisiones de ingresos deben basarse en el año en curso y no en datos fiscales antiguos.
Exención total de ingresos laborales hasta cierto límite: Se podría establecer un umbral de ingresos exentos del cálculo del IMV, similar al de otros países europeos.
Mayor flexibilidad en la devolución de cobros indebidos: Los cobros indebidos deberían ajustarse a la situación económica actual del beneficiario, evitando endeudamientos injustos.
Mejor coordinación con otras prestaciones: Evitar la duplicidad de ayudas y garantizar que la transición al empleo no implique la pérdida inmediata del IMV.
Facilitar la atención presencial y digital: La falta de citas presenciales en la Seguridad Social agrava los problemas administrativos y deja desprotegidas a muchas personas vulnerables.
El Ingreso Mínimo Vital se concibió como un escudo social, pero en la práctica se ha convertido en una trampa burocrática que penaliza a quienes intentan salir de la pobreza mediante el empleo.
Reformar el sistema es urgente para evitar que trabajar deje de ser un derecho y se convierta en una condena económica. Garantizar la estabilidad financiera de los perceptores del IMV mientras transitan hacia el empleo digno debería ser la prioridad de cualquier política social en el siglo XXI.
