Los funcionarios de la Administración de Justicia de Zamora han vuelto a concentrarse a las puertas de la Audiencia Provincial para continuar con sus reivindicaciones laborales y salariales. El encuentro celebrado entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Justicia del pasado viernes ha derivado en la celebración de asambleas de trabajadores en todas las ciudades para decidir si mantener la huelga indefinida o bien apostar por medidas pero con el parón suspendido hasta el mes de septiembre.
La opción de todo el país ha sido apostar por la continuidad de la huelga indefinida, una opción que en el caso de Zamora fue respaldada por unanimidad de los trabajadores adheridos a la suspensión de la actividad como protesta.
"Tenemos que seguir haciendo presión para que al final se nos escuche y se atiendan nuestras reivindicaciones". Los trabajadores muestran su indignación ante las peticiones de Pilar Llop para que cejen en sus movilizaciones pero sin "poner soluciones sobre la mesa".
Aseguran que las protestas seguirán hasta que atiendan sus propuestas que pasan por la mejora de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa así como mejoras salariales acordes con las funciones que realizan a diario y que oscilaría entre los 350 y 430 euros de subida.
Sólo en la provincia de Zamora hay unos 220 trabajadores pertenecientes a la Administración de Justicia, de los que más del 70% desempeñan sus labores en la Audiencia Provincial.
Desde el Comité de Huelga del personal funcionario de Justicia han exigido al Gobierno central que desautoricen a la ministra y al Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, por sus palabras y acciones al tiempo que exigen a los partidos políticos que aclaren su posición: "¿Están a favor o en contra de que se suba 450 euros al mes a quienes más ganan y cero euros al mes a quienes menos cobran y soportamos la mayor parte del trabajo en los Juzgados y Tribunales?".