El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución que regula la implantación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración General del Estado, estableciendo su entrada en vigor inmediata en todo el territorio.
La norma contempla además un plazo de un mes para que los distintos departamentos públicos adapten sus calendarios laborales y los sistemas de control horario a la nueva jornada, en un proceso de ajuste organizativo que deberá completarse en ese margen temporal.
Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado la aplicación inmediata de la jornada laboral de 35 horas en todos los departamentos de la Administración General del Estado (AGE), después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución que regula su implantación.
El sindicato, el más representativo en las administraciones públicas, ha anunciado que se dirigirá a partir de este jueves a todos los departamentos y áreas de la AGE para exigir la puesta en marcha del nuevo marco horario, que entra en vigor mañana y contempla un plazo de un mes para la adaptación de calendarios laborales y sistemas de control horario.
La resolución afecta a los empleados públicos de la Administración General del Estado, así como a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos y agencias dependientes, abriendo además la puerta a su aplicación en ámbitos como Instituciones Penitenciarias, Sanidad y Educación, en función de su negociación específica.
Desde CSIF se insiste en que el acuerdo debe extenderse también a ayuntamientos y entidades locales, así como a empresas públicas y otros ámbitos donde aún no está implantado, advirtiendo de que el sindicato se reserva la posibilidad de emprender medidas legales si no se garantiza su cumplimiento.
La resolución incorpora además avances en materia de conciliación laboral, con medidas de flexibilidad horaria y adaptaciones en jornadas especiales, incluida la reducción de horarios de especial dedicación y la adecuación de la jornada intensiva de verano.
En el ámbito local, CSIF ha instado a los consistorios a abrir procesos de negociación para la implantación de la jornada de 35 horas, defendiendo su aplicación homogénea en todo el sector público como una mejora en las condiciones laborales y en la calidad del servicio a la ciudadanía.
