La Diputación de Zamora ha aprobado este viernes el expediente para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia, un acuerdo que supone la puesta en marcha del mayor contrato económico de la historia de la institución provincial. La propuesta salió adelante con 20 votos a favor y 3 abstenciones, tras un intenso debate en el que todos los grupos coincidieron en la importancia estratégica de un servicio considerado esencial para el mantenimiento de la población en el medio rural.
El nuevo contrato contará con una inversión de 24 millones de euros para los dos primeros años de vigencia y contempla la posibilidad de dos prórrogas adicionales, lo que elevaría el montante total hasta los 48 millones de euros y garantizaría la prestación del servicio hasta el año 2030.
Durante la sesión plenaria, tanto Izquierda Unida como el PSOE destacaron la relevancia de una prestación que permite a cientos de personas mayores permanecer en sus hogares y en sus pueblos, favoreciendo al mismo tiempo la lucha contra la despoblación y el mantenimiento del empleo en el ámbito rural.
La portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, valoró el incremento presupuestario previsto, aunque advirtió de que el aumento del contrato responde principalmente al encarecimiento de los costes y no necesariamente a una ampliación significativa del servicio. También puso el foco en la financiación, cuestionando la aportación de la Junta de Castilla y León y reclamando una mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, especialmente en lo relativo a las jornadas parciales y a la actualización salarial vinculada a los convenios colectivos.
Por su parte, la diputada socialista Nieves García mostró su apoyo a la contratación, pero recordó los problemas registrados durante los últimos años con la actual adjudicataria del servicio. La representante socialista alertó sobre las dificultades laborales denunciadas por las trabajadoras y sobre las listas de espera existentes para acceder a la ayuda a domicilio en algunas zonas de la provincia, de 6 y 8 meses. Además, reclamó mecanismos que permitan exigir mayores garantías a las empresas que gestionen este tipo de contratos públicos.
Desde el equipo de gobierno, Ramiro Silva, defendió que la nueva licitación supone un esfuerzo presupuestario "sin precedentes" para la institución. Según explicó, el coste anual pasará de los cerca de 9,7 millones de euros del contrato actual a 12 millones de euros al año, lo que permitirá incrementar la cobertura del servicio y garantizar su estabilidad durante los próximos ejercicios.
Silva destacó que el contrato beneficiará tanto a los usuarios como a las profesionales que desarrollan su trabajo en los pueblos zamoranos. Asimismo, subrayó que la Diputación ha optado por adelantar la nueva licitación para ofrecer seguridad jurídica y estabilidad a trabajadores y beneficiarios, a pesar del importante incremento económico que supondrá para las arcas provinciales.
El debate también abordó cuestiones relacionadas con la financiación autonómica de los servicios sociales, el funcionamiento de las listas de espera y las posibilidades legales de introducir mecanismos de revisión económica ligados a futuras mejoras salariales.
Con la aprobación definitiva del expediente, la Diputación inicia ahora el proceso de licitación de un contrato considerado clave para la atención de más de 2.000 usuarios en la provincia y para el mantenimiento de más de 500 puestos de trabajo en el medio rural zamorano.
