Del “chollo” urbanístico a la sentencia del TSJ: la expropiación de la parcela de la ermita de la Peña de Francia le costará 700.000 euros a Zamora
El Ayuntamiento de Zamora ha defendido en el último Pleno municipal la resolución judicial relativa a la expropiación de terrenos en la zona de Peña de Francia, al sostener que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León fija una compensación de 700.000 euros, muy por debajo de la reclamación inicial de la propiedad, que ascendía a 13 millones de euros.
El asunto volvió al debate plenario tras las intervenciones del portavoz del Partido Popular, Jesús María Prada, quien puso el foco en el alcance económico del fallo judicial y en el recorrido administrativo del expediente que "no se ha dado a conocer a los medios de comunicación". Según la versión municipal, la expropiación deriva de la ejecución del PGOU de 2011, tras más de cuatro años desde su aprobación, y responde a una actuación aislada obligatoria dentro del planeamiento urbanístico vigente.
Los informes técnicos municipales habían fijado inicialmente la valoración en 210.000 euros, aplicando criterios de la legislación de expropiación forzosa y valoraciones del suelo basadas en parámetros como el valor de mercado, la ubicación, la antigüedad, el estado de conservación y las dotaciones del entorno. Posteriormente, la Comisión Territorial de Valoración de Castilla y León elevó la cuantía hasta alrededor de 800.000 euros, mientras que la sentencia judicial la sitúa finalmente en torno a los 700.000 euros, según trasladó el equipo de gobierno.
En el transcurso del debate, el Ayuntamiento defendió que el resultado es favorable a los intereses municipales al alejarse de la reclamación inicial de 13 millones de euros, subrayando la diferencia entre las distintas valoraciones técnicas, administrativas y judiciales, así como la coherencia entre los distintos escalones de revisión del expediente.
El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, situó el origen del conflicto en el planeamiento urbanístico del año 2000, que diseñó desarrollos en la margen del río Duero mediante la fórmula de convenios urbanísticos con distintos propietarios. En este punto, durante la sesión se expuso una crítica política directa a la gestión de aquella etapa, al señalar que se habrían firmado cuatro convenios urbanísticos, impulsados entonces bajo la gestión del entonces regidor municipal, el popular Antonio Vázquez, en los que se incluyeron distintas operaciones en suelo urbano.
En ese relato, Guarido mencionó actuaciones como la vinculada al antiguo colegio del EMAE, otra asociada con el antiguo presidente de la Diputación, y otras dos con familias de apellidos conocidos en la ciudad, vinculadas una a la profesión médica y otra a la elaboración de pastas, apuntando a que los acuerdos habrían permitido importantes incrementos de edificabilidad. En palabras pronunciadas durante el Pleno, el alcalde describió aquel modelo como un “verdadero chollo” urbanístico, en el que los terrenos habrían evitado su deterioro mediante compensaciones urbanísticas.
También se subrayó que, pese a tratarse de una figura legal contemplada en la normativa urbanística, el resultado habría sido la creación de una “isla” de suelo sin el mismo tratamiento que las áreas colindantes, en referencia al entorno de la ermita de Peña de Francia, que quedó fuera de los desarrollos homogéneos del planeamiento. Así, ese suelo quedó sin resolver y fue heredado por posteriores corporaciones municipales, manteniéndose como una pieza urbanística sin desarrollo homogéneo.
En este punto, Guarido se preguntó por qué ese ámbito quedó configurado como una “isla” dentro del planeamiento urbanístico y si, en su momento, se formalizaron convenios con determinados propietarios que habrían sido compensados mediante edificabilidad, mientras el resto del entorno se desarrollaba de forma distinta. Según esta interpretación, esa situación habría quedado sin resolver y fue heredada por corporaciones posteriores, condicionando el desarrollo posterior del sector.
En ese marco, se sostiene que la actuación actual responde a una expropiación ajustada a derecho y al planeamiento vigente, que ya contemplaba esa parcela —unos 1.600 metros cuadrados— como suelo de expropiación obligatoria (EXP). Al mismo tiempo, se reconoce que el propietario pudo tener motivos de discrepancia en el pasado, si bien se defiende que la intervención actual se ajusta estrictamente a lo establecido en el plan urbanístico vigente y a su ejecución obligatoria.