La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) ha ganado una sentencia significativa que marca un cambio en la jurisprudencia relacionada con las terminaciones de contratos de los empleados en las administraciones públicas. En una rueda de prensa, Luis Castro, Secretario General de FSC CCOO Zamora, destacó la relevancia política y el impacto positivo de esta sentencia para los trabajadores afectados.
Luis Castro, Secretario General de FSC CCOO Zamora: "Esta sentencia tiene un importante alcance político y será beneficiosa para los trabajadores que terminen sus contratos en las administraciones públicas. El fallo fue posible gracias al trabajo constante del Servicio Jurídico de CCOO y fue emitido el 10 de junio de 2024."
Trinidad García, Secretaria de Organización de FSC CCOO Zamora, también expresó su agradecimiento y destacó la importancia de esta victoria legal para los trabajadores de Zamora y más allá. A continuación, José Fernández Pollo, abogado de CCOO Zamora, detalló los aspectos jurídicos de la sentencia.
José Fernández Pollo, abogado de CCOO Zamora: "Las administraciones públicas han celebrado contratos de interinidad por vacante hasta que se cubra reglamentariamente la plaza. Tradicionalmente, se ha entendido que si un contrato de este tipo supera los tres años, se considera fraudulento. La cobertura reglamentaria debe hacerse antes de los tres años, de lo contrario, el contrato se convierte en indefinido no fijo."
La sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León establece que los trabajadores con contratos de interinidad por vacante que superen los tres años tienen derecho a ser indemnizados no con los tradicionales 20 días por año trabajado, sino con la indemnización correspondiente a un despido improcedente. Este fallo se alinea con una decisión previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 22 de febrero de 2024, que cuestionó la suficiencia de la indemnización de 20 días para disuadir conductas fraudulentas.
José Fernández Pollo: "El TSJ de Castilla y León ha dictado una sentencia que fija el criterio de que la indemnización debe ser la del despido improcedente. Esta decisión afecta a un gran número de trabajadores en procesos de estabilización de empleo público y establece una indemnización más justa."
Esta sentencia del TSJ de Castilla y León, Sala de lo Social de Valladolid, se espera que influya en futuras decisiones judiciales en la región y potencialmente en otras partes de España, hasta que una posible sentencia del Tribunal Supremo unifique la doctrina.
