Las ayudas del Plan Estatal de Vivienda que pueden cambiar Zamora: más pisos para Monte la Reina y oportunidades para los pueblos

La necesidad de construir más de un millar de viviendas para atender la llegada del personal del campamento militar de Monte la Reina y la oportunidad de que los pequeños municipios puedan comprar, rehabilitar o promover vivienda pública con financiación estatal centraron este lunes la presentación en Zamora del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La secretaria de Fomento y Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, hizo parada en la capital dentro de la ronda de encuentros que está celebrando en las nueve capitales de la comunidad para explicar el contenido del nuevo plan, mientras que el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, puso el foco en el impacto que estas medidas pueden tener en una provincia marcada por la despoblación y la falta de vivienda disponible.

Fagúndez defendió que Zamora puede ser una de las provincias que más partido saque al nuevo Plan Estatal de Vivienda si los ayuntamientos conocen las ayudas y presentan proyectos. "Nuestro principal objetivo es que todos los municipios, todos los alcaldes y alcaldesas conozcan el alcance del plan porque contempla inversiones muy importantes para esta provincia", señaló.

El dirigente socialista recordó que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pero subrayó que, en el caso de Zamora, el problema tiene una doble vertiente: facilitar la emancipación de los jóvenes y ofrecer viviendas a quienes quieran instalarse en los pueblos.

Entre las medidas que destacó figura la posibilidad de que los ayuntamientos puedan comprar viviendas con una financiación estatal de hasta el 70 % para destinarlas al alquiler o a la cesión de uso, una fórmula que, según explicó, ya están utilizando algunos municipios zamoranos para atraer nuevas familias y trabajadores. También resaltó las ayudas para adquirir suelo destinado a vivienda protegida, las líneas para rehabilitar inmuebles vacíos y los programas de apoyo al alquiler y a la compra de vivienda.

"Nos vamos a encargar de que todos nuestros ayuntamientos conozcan estas ayudas para que puedan aprovechar todas estas inversiones y poner viviendas a disposición de sus vecinos", aseguró.

A continuación, Ana Casado explicó que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 moviliza una financiación histórica para incrementar el parque público de vivienda, impulsar el alquiler asequible, facilitar el acceso de los jóvenes y reforzar la rehabilitación, aunque insistió en que será la Junta de Castilla y León la encargada de gestionar buena parte de estas actuaciones.

La dirigente socialista centró buena parte de su intervención en la situación específica de la provincia zamorana, donde volvió a denunciar la "falta de previsión" de la Junta de Castilla y León ante las necesidades habitacionales que generará la puesta en marcha del campamento militar de Monte la Reina.

Casado recordó que el PSOE ya advirtió en diciembre de 2025 de que Zamora necesitará más de 1.000 viviendas para dar respuesta al despliegue progresivo del acuartelamiento a partir de 2027. Frente a esa necesidad, aseguró que la Junta únicamente contempla alrededor de 200 viviendas para toda la provincia, una cifra que calificó de claramente insuficiente.

"Esta es nuestra mayor denuncia: la falta de previsión y el nulo compromiso que tiene la Junta con su territorio y con sus necesidades", afirmó.

En relación con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, Casado explicó que se estructura sobre tres grandes ejes: aumentar la oferta de vivienda asequible, impulsar la rehabilitación de edificios y viviendas y reducir el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda. Todo ello se desarrollará a través de 18 líneas de actuación financiadas por el Gobierno de España.

No obstante, insistió en que el éxito del programa dependerá de la implicación de la Junta de Castilla y León, a la que reprochó la ausencia de una política autonómica ambiciosa en materia de vivienda, la inexistencia de una consejería específica y la falta de un plan estratégico regional que permita adaptar las actuaciones a las necesidades de cada provincia.

Las medidas del Plan Estatal de Vivienda que pueden beneficiar a Zamora y sus pueblos

• Hasta 85.000 euros por vivienda pública. El Gobierno financiará la construcción de nuevas viviendas protegidas, tanto promovidas por administraciones públicas como mediante colaboración con empresas o cooperativas. Estas viviendas deberán mantener su carácter protegido de forma permanente.
• Los ayuntamientos podrán comprar viviendas para destinarlas al alquiler asequible. El plan permitirá que los municipios adquieran inmuebles, especialmente viviendas vacías, para incorporarlas al parque público de alquiler. Es una medida especialmente útil para pequeños pueblos de Zamora que buscan atraer nuevos vecinos.
• Ayudas para rehabilitar viviendas vacías. Se incrementan las subvenciones para reformar inmuebles, mejorar la eficiencia energética y eliminar barreras arquitectónicas. Las ayudas podrán alcanzar 8.000 euros por vivienda en actuaciones generales y 13.000 euros cuando se trate de mejorar la accesibilidad.
• Apoyo a los jóvenes menores de 35 años. El programa mantiene ayudas específicas para facilitar la compra y el acceso a la vivienda en municipios pequeños, una medida que pretende favorecer la emancipación y combatir la despoblación en provincias como Zamora.
• Más oferta de alquiler asequible. Una parte importante de la financiación se destinará a incrementar el parque de viviendas de alquiler a precios limitados, con el objetivo de reducir el esfuerzo económico que soportan las familias.
• Compra de suelo para construir vivienda protegida. Los ayuntamientos también podrán acceder a financiación para adquirir suelo destinado a promociones de vivienda pública, facilitando el desarrollo de nuevos proyectos residenciales.
• 7.000 millones de euros hasta 2030. El Plan Estatal de Vivienda contará con una inversión global de 7.000 millones de euros, financiada en un 60 % por el Gobierno de España y en un 40 % por las comunidades autónomas, con posibilidad de que los ayuntamientos completen la financiación de proyectos concretos.