El Grupo Municipal Popular denuncia que la modificación del PGOU se plantea para dar cobertura a una edificación declarada ilegal con sentencia firme, por haber ocupado terrenos destinados a espacios libres de carácter público.
La modificación pretende eliminar espacios libres de uso público y transformarlos en suelo edificable de aprovechamiento privado. Es decir, pretenden privar a los toresanos de un magnífico paseo junto a las barranqueras, atentando contra la protección del entorno del monasterio del Sancti Spiritus y las barranqueras.
El Grupo Municipal presentará alegaciones a la modificación planteada al considerarla una cacicada nula de pleno derecho y emprenderá las medidas oportunas para defender el interés general.
El Portavoz Popular Alejandro González ha denunciado junto a sus compañeros concejales que nos encontramos ante un acuerdo político entre Tomás del Bien y su amigo Linares, ante los aires de cambio político que vislumbra el señor Linares en el horizonte. Es el peaje político que debe pagar el Señor del Bien para su arreglo con el PSOE y volver a encabezar la lista electoral socialista.
Expediente incompleto obviando, obviando sentencias firmes que declaran ilegal la licencia del ex portavoz Socialista
Los concejales populares consideran que la modificación del PGOU aprobada por el Pleno el pasado lunes es un fraude en la ejecución de una sentencia para beneficiar al amigo del alcalde el Sr. Linares. El PSOE ha obviado incluir dos sentencias firmes de obligado cumplimiento la del Contencioso Administrativo de Zamora 2013 y TSJCYL 2014 que califican la licencia de la edificación del Señor Linares como nula de Pleno Derecho por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su concesión. Una circunstancia que ya fue puesta de manifiesto por el Colegio de Arquitectos de León que emitió informe desfavorable en el año 1997, antes del inicio de las obras, al entender que existió infracción urbanística, al no estar aprobado el proyecto de reparcelación y la preceptiva cesión al Ayuntamiento de los espacios destinados a uso públicos.
La sentencia del TSJ de Castilla y León del año 2015 que se utiliza como excusa para intentar arreglar el problema del ex portavoz, lo que reconoce es que los terrenos que deben ser cedidos al Ayuntamiento (libres de uso público), deben cederse al Ayuntamiento utilizando mecanismos distintos a la cesión gratuita, pero en ningún caso modifica la planificación urbanística existente en el PGOU, que es plenamente vigente, ni los usos establecidos del suelo en esa zona del Canto, por esta razón el Alcalde realiza esta modificación del planeamiento. No obstante, el Grupo Municipal les recuerda que las infracciones urbanísticas que afectan a espacios libres de uso público no prescriben.
Incumplimiento de los informes vinculantes de la Comisión de Patrimonio de la JCyL
En estos informes vinculantes se impone como prescripción la limitación como fondo edificable en esta zona del canto de 33,5 metros para alinearse con la trasera de la parcela de la Virgen del Canto y así disminuir la afección sobre el entorno del convento del Sancti Spiritus y reducir el impacto sobre el perfil del Conjunto Histórico y la Cornisa a las barranqueras de la Vega de Toro. En ningún momento el TSJ anula dicha previsión en la ordenación.
El PSOE de Toro pretende eliminar el fondo edificable de 33,5 metros sin ninguna justificación. Les recuerdan los populares que este tipo de modificaciones tienen que seguir criterios de interés general no particulares, y el PP de Toro, se pregunta cómo el alcalde siendo gestor de patrimonio, aprueba este atentado contra el entorno del Sancti Spiritus y las barranqueras.
Ciudadanos de primera y segunda
El Partido Popular acusa al alcalde de ser un sectario, al establecer una división entre ciudadanos de primera y segunda. Por un lado, su amigo Linares que comete una infracción urbanística y su partido intenta darle cobertura legal ejecutando fraudulentamente una sentencia. Y por otro lado el resto de vecinos de Toro, que deben cumplir escrupulosamente la normativa urbanística cuando se hacen una casa o una nave industrial. Todo esto ocurre en un área de obras que es el cáncer del Ayuntamiento manifiesta el Portavoz Popular Alejandro González, que tiene toda la economía local paralizada, porque no se conceden licencias en tiempo y forma, recordamos que recientemente condenaron al Ayuntamiento a pagar 23.000 euros por silencio administrativo por no conceder licencias.
21.175 euros de coste para los toresanos
Si esto por sí sólo no es lo suficiente mente grave, el grupo popular informa que esta cacicada nos va a costar a los toresanos 21.175 euros, al contratar como arquitectos para que informen esta modificación, a la misma empresa que contrato el Sr. Linares en el procedimiento cuyo fallo ahora se pretende cumplir. Contando el Ayuntamiento con un arquitecto municipal. Ante esta contratación el Grupo Municipal se pregunta si no estaremos ante un caso de malversación de caudales públicos.
Lo que verdaderamente pretenden con la excusa de cumplir una sentencia, es modificar su fallo y colar el mismo proyecto que llevó el Señor Linares a la vía judicial que no prosperó, enmascarado en una modificación del PGOU de Toro
