Dos detenidos por explotar a trabajadores con jornadas de hasta 14 horas y meses sin cobrar
La Policía Nacional en Burgos ha detenido a dos empresarios del sector de la construcción como presuntos responsables de una trama de explotación laboral, con indicios de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, coacciones, blanqueo de capitales y vulneración de los derechos de los trabajadores. La operación se ha desarrollado tras varios meses de investigación y a raíz de un episodio que generó gran repercusión pública en abril, cuando dos operarios se encaramaron a una grúa para reclamar el pago de salarios atrasados.
Según la investigación, uno de los detenidos ejercía como contratista principal de la obra, mientras que el otro actuaba presuntamente como intermediario encargado de captar, trasladar y alojar en viviendas a trabajadores extranjeros, en su mayoría de origen africano, que eran empleados en distintas obras de construcción, tanto de nueva edificación como de rehabilitación de fachadas y proyectos de eficiencia energética.
El origen del caso se remonta a comienzos de abril, cuando un empresario del sector, afincado en Italia, alertó de impagos y denunció además amenazas telefónicas en el marco de una obra en Burgos. Estas comunicaciones, unidas a otras denuncias previas, abrieron una línea de investigación que permitió aflorar la existencia de un posible entramado de explotación laboral sistemática.
Paralelamente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Burgos recibió varias denuncias en la comisaría de la Policía Nacional en Aranda de Duero, donde distintos trabajadores relataron situaciones similares vinculadas a las mismas empresas. A partir de estos testimonios, los agentes realizaron inspecciones conjuntas en distintos centros de trabajo.
Uno de los episodios más significativos tuvo lugar el 18 de abril de 2026, cuando dos trabajadores subieron a una grúa instalada en una obra de rehabilitación en el barrio de Fuentecillas, en Burgos, para exigir el abono de salarios y denunciar las condiciones laborales. La situación obligó a la intervención de un negociador policial y otros efectivos de seguridad, en un operativo que se prolongó durante varias horas hasta lograr que los trabajadores descendieran de la estructura.
Las pesquisas apuntan a que los empleados habrían sido sometidos a jornadas de hasta 14 horas, además de soportar impagos de varias mensualidades, en un contexto de presunta vulnerabilidad aprovechada por la red investigada.