Las organizaciones Ecologistas Zamora y la ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico) han exigido a la Junta de Castilla y León que asuma responsabilidades tras la aparición de un lobo macho adulto muerto por disparos en el río Esla, en la zona de Puente Quintos, un caso que ya ha sido denunciado ante la Fiscalía Provincial de Zamora por un presunto delito contra la fauna.
El ejemplar, según detallan las entidades denunciantes, presentaba dos impactos de bala en el costado derecho, lo que reabre el debate sobre el furtivismo en el medio rural y el impacto que este fenómeno tiene sobre la conservación de la especie en la comunidad autónoma.
Las organizaciones ecologistas sostienen que este episodio no es aislado, sino que se enmarca en un problema estructural vinculado a la escasa vigilancia de la actividad cinegética, especialmente en recechos de corzo y en los controles de jabalí en cotos privados. En este sentido, denuncian que la combinación de controles insuficientes, normativa flexible y escasez de supervisión administrativa estaría favoreciendo un escenario propicio para la caza ilegal.
En su argumentación, Ecologistas Zamora y ASCEL apuntan también a la normativa de emergencia cinegética por peste porcina, así como a recientes disposiciones autonómicas que, según señalan, amplían el uso de medios como dispositivos térmicos y fuentes luminosas para la caza nocturna del jabalí, lo que incrementaría la dificultad de control por parte de los agentes medioambientales.
Las entidades recuerdan además que el lobo ibérico continúa siendo una especie sometida a una alta presión humana, con una población considerada vulnerable y aislada del resto de Europa desde hace más de un siglo. Según datos citados por los colectivos, en estudios realizados en Castilla y León se habría constatado una elevada mortalidad no natural, con un porcentaje significativo vinculado a la caza ilegal.
En este contexto, las organizaciones advierten de que la situación actual compromete la viabilidad de grupos reproductores en distintas zonas de la comunidad, incluida la provincia de Zamora, y alertan de un estancamiento poblacional de la especie derivado de la persistencia del furtivismo y de los atropellos.
Ecologistas Zamora y ASCEL extienden sus críticas al funcionamiento administrativo en materia medioambiental, señalando la falta de instrucción de expedientes sancionadores en varias provincias y cuestionando la eficacia del control público sobre la actividad cinegética. En su posicionamiento más duro, llegan a advertir de una posible “prevaricación por omisión” en la gestión de estos casos por parte de responsables autonómicos.
