Zamora recibirá 832.000 euros para rehabilitar viviendas rurales destinadas al alquiler social a través del programa Rehabitare

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado  la formalización de convenios con las diputaciones provinciales, incluida la de Zamora, para rehabilitar viviendas en municipios rurales y destinarlas al alquiler social.

La inversión total asciende a más de 9 millones de euros en toda la Comunidad.

la antigua casa del médico de Lobeznos, nueva casa de alquiler social del programa Rehabilitare de la Junta (imagen de archivo)
photo_camera la antigua casa del médico de Lobeznos, nueva casa de alquiler social del programa Rehabilitare de la Junta (imagen de archivo)

El programa Rehabitare avanza con paso firme en Castilla y León. En su última sesión, celebrada este martes 30 de abril, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de convenios entre la Junta y las nueve diputaciones provinciales con el objetivo de rehabilitar cerca de 100 viviendas en el medio rural para incorporarlas al parque público de alquiler social.

Zamora contará con una inversión total de 832.000 euros, cofinanciados al 50 % entre la Diputación y la Junta de Castilla y León. Esta cuantía permitirá recuperar viviendas en pequeños municipios con menos de 5.000 habitantes, donde exista una demanda real de alquiler, para destinarlas a familias con dificultades de acceso a una vivienda digna.

La iniciativa, canalizada a través del programa Rehabitare, contempla una inversión global en la Comunidad de 9.152.000 euros. Las actuaciones se realizarán sobre inmuebles de titularidad municipal, y el coste máximo de rehabilitación por vivienda no podrá superar los 80.000 euros.

Desde su puesta en marcha en 2009, el programa ha evolucionado significativamente, primero mediante acuerdos con ayuntamientos, después con obispados desde 2018 y, desde 2020, a través de convenios con las diputaciones provinciales. En esta nueva fase, será la Junta quien actúe como órgano de contratación de las obras necesarias, mientras que las diputaciones facilitarán la coordinación con los ayuntamientos implicados.

La selección de viviendas será determinada por una Comisión de Seguimiento que valorará la titularidad municipal del inmueble, el número de habitantes del municipio y la existencia de demanda de alquiler. Así, se busca fijar población y atender las necesidades habitacionales de las zonas rurales, contribuyendo al equilibrio territorial de la Comunidad.

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