La Vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León y procuradora del Grupo Socialista por Zamora, Ana Sánchez, junto a la Diputada Provincial del Grupo Socialista en la Diputación de Zamora, Nieves García, se han reunido con la Asociación Zamorana de Cuidadores en el Entorno Familiar y Amigos (AZACUEFA) para presentar una serie de medidas destinadas a mejorar los derechos de los cuidadores no profesionales. En la comparecencia ante los medios, destacaron la necesidad de equiparar sus condiciones con las de los cuidadores profesionales.
En la provincia de Zamora, existen alrededor de 470 personas que desempeñan esta labor sin un reconocimiento adecuado. Estas cuidadoras, mayoritariamente mujeres en zonas rurales, dedican su tiempo al cuidado de familiares dependientes sin acceso a derechos laborales como baja, vacaciones o descansos. A pesar de estar dadas de alta en la Seguridad Social, su situación es precaria en comparación con la de los profesionales del sector.
Los socialistas han presentado una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Educación de las Cortes. La iniciativa insta a la Junta de Castilla y León a modificar la normativa en el marco de la Ley de Dependencia con el fin de garantizar la igualdad de derechos entre cuidadores familiares y profesionales. La medida busca establecer las mismas condiciones en cuanto a derechos laborales y compensaciones económicas.
Según denunciaron Sánchez y García, la rebaja de hasta el 90% en las ayudas a cuidadores no profesionales aplicada en 2013 ha agravado la situación de este colectivo. Actualmente, un familiar que cuida a un dependiente recibe 473 euros, mientras que un cuidador profesional recibe hasta 1.105 euros, lo que supone una desigualdad evidente que afecta especialmente a las zonas rurales de Zamora.
Desde AZACUEFA y el Grupo Socialista insisten en que esta equiparación es esencial para mejorar la calidad de vida de los dependientes y sus cuidadores. La propuesta será debatida en las Cortes en las próximas semanas, y de ser aprobada, la Junta de Castilla y León deberá iniciar los trámites en un plazo de un mes para aplicar las modificaciones necesarias en la legislación vigente.
