jueves. 28.03.2024
Barcial del Barco
Barcial del Barco

La Plataforma Pro Biorrefinería asegura en un comunicado que  la presidencia de la Diputación de Zamora y la CEOE de Zamora, así como sindicatos agrarios y de clase y grupos políticos en Cortes de Castilla y León, "ya han sido testigos de pruebas que apuntan a presuntos delitos de cohecho y extorsión", entre otros, "a inversores por parte de responsables de la Junta de Castilla y León", todo ello con el objeto de boicotear el proyecto de Biorrefinería Multifuncional de Barcial del Barco, parado desde el martes de la semana pasada.

El colectivo apunta que hay tres mil puestos de trabajo verdes "en juego", un nuevo modelo productivo y el futuro industrial de la provincia "boicoteado por quién más debería haber respaldado este desarrollo". 

Miembros de la Plataforma Pro Biorrefinería, en el día de ayer, en León, también han podido ser testigos de algunas de las pruebas y su impresión al igual de la que están teniendo responsables políticos y sociales, por lo que hemos podido sondear hasta hoy, es que los hechos son sumamente graves.

Luis Mariano Santos, procurador regional en las Cortes de Castilla y León, ha incluido estos hechos entre los tres motivos de corrupción en el PP de Castilla y León para pedir la convocatoria de elecciones anticipadas. "Gravísimo, Zamora y León no se puede quedar de brazos cruzados". 

"Nadie de esta plataforma es juez, ni fiscal, no obstante haciendo una valoración de las pruebas a las que hemos tenido acceso, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que algo huele a podrido en Dinamarca y el hedor tiene el epicentro en Valladolid", subrayan. 

Presuntamente, la Junta de Castilla y León ha boicoteado este proyecto extorsionando a inversores, "hechos gravísimos que deberían encender todas la alarmas de nuestro sistema de derecho tanto a nivel político, como periodístico, social y de justicia".

La Junta de Castilla y León, en estos años, ha reconocido que el proyecto es viable técnicamente y económicamente (más hoy con el bioetanol en máximos históricos) y decía que lo que necesitaban los promotores eran inversores y financiación.

El mismo vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, prometió a los zamoranos y zamoranas que cuando hubiera inversores el proyecto sería declarado proyecto industrial prioritario. 

Haciendo memoria, miembros de esta plataforma, no recuerdan un caso tan grave, tanto por el daño al desarrollo económico y social de nuestra provincia como dadas las implicaciones que podrían acarrear los daños y perjuicios causados a los promotores de acabar  este caso en los juzgados, como parece ser que va a ocurrir.

 A estos daños se suma que existen 4 patentes, amén de los perjuicios económicos millonarios, "la cifra será astronómica", dicen desde la Plataforma. Y al igual que ha ocurrido con la fianza establecida por la trama de corrupción de la Junta de Castilla y León en las eólicas, nada más y nada menos que 24 millones de euros, pese a que los delitos son cometidos, presuntamente por la Junta de Castilla y León, en última instancia quién va a pagar es el ciudadano, "somos todos nosotros, los castellanos por un lado y los leoneses por otro". 

El colectivo está a la espera de las respuestas de las instituciones y la ciudadanía con el objeto de organizar acciones conjuntas porque "aún no renunciamos a este desarrollo industrial y estamos seguros de que la democracia se impondrá frente a los corruptos".

La Plataforma pro Biorrefinería asegura que varias instituciones han sido testigos del...