La lucha contra la despoblación vuelve a situarse en el centro de la agenda política nacional con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, un documento que marcará las políticas públicas de los próximos años para los territorios rurales y de baja densidad de población. Zamora, una de las provincias más afectadas por el envejecimiento y la pérdida de habitantes, figura entre los territorios que pueden verse más favorecidos si las medidas previstas llegan a materializarse.
La estrategia, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, no incorpora inversiones concretas ni un reparto económico por provincias, pero sí establece las líneas que deberán seguir el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para combatir el desequilibrio territorial y mejorar las condiciones de vida en el medio rural.
Uno de los proyectos más destacados es el denominado Plan Estatal País de los 30 Minutos, que traslada al ámbito rural el modelo de la "ciudad de los 15 minutos". Su objetivo es garantizar que quienes viven en pequeños municipios puedan acceder en menos de media hora a los servicios esenciales, desde la atención sanitaria hasta la educación, el transporte público, los servicios administrativos, la banca o el comercio básico.
Para una provincia como Zamora, donde buena parte de la población reside en municipios dispersos y muchas comarcas sufren la reducción progresiva de servicios, este planteamiento supondría un cambio significativo. Comarcas como Aliste, Sayago, Sanabria, Carballeda, Tábara o La Guareña podrían beneficiarse de una planificación orientada a reducir las desigualdades territoriales y mejorar la accesibilidad a recursos básicos.
La estrategia también apuesta por reforzar el dinamismo económico del medio rural, favoreciendo la creación de empleo, el emprendimiento, la economía social y la atracción de nuevos habitantes. El documento plantea impulsar iniciativas que permitan fijar población joven, facilitar el retorno de quienes abandonaron el territorio y generar oportunidades laborales adaptadas a las características de cada comarca.
Otro de los pilares se centra en la igualdad de oportunidades, con medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de mujeres, jóvenes, personas mayores, familias y colectivos vulnerables. El objetivo es favorecer el arraigo y evitar que la falta de servicios o de oportunidades siga acelerando el abandono de numerosos municipios.
La estrategia incorpora además un importante componente vinculado a la cultura y la identidad rural, reconociendo el patrimonio histórico, arquitectónico y etnográfico como un activo para el desarrollo territorial. En una provincia como Zamora, donde el patrimonio cultural y las tradiciones forman parte de su identidad, este enfoque puede contribuir a reforzar iniciativas de conservación y promoción del medio rural.
Otro de los aspectos relevantes será la creación de un Observatorio de Equidad Territorial y Reto Demográfico, una herramienta que recopilará indicadores sobre población, servicios, movilidad y vulnerabilidad territorial. Estos datos permitirán diseñar políticas más ajustadas a la realidad de cada territorio y evaluar su eficacia a medio y largo plazo.
La aprobación de esta hoja de ruta llega además en un momento en el que el propio Gobierno destaca un cambio de tendencia demográfica en los pequeños municipios españoles. Según los datos que acompañan a la estrategia, los municipios de menos de 5.000 habitantes perdieron 359.320 vecinos entre 2011 y 2017, mientras que entre 2018 y 2024 han ganado 152.545 habitantes. Asimismo, el saldo migratorio ha pasado de ser negativo a positivo, con la llegada de cerca de 440.000 nuevos residentes al medio rural durante ese último periodo.
El informe también subraya que más del 40 % de los municipios españoles con menos de 5.000 habitantes han aumentado su población desde 2018, una evolución que atribuye, en buena medida, al creciente interés por residir en entornos rurales y al cambio de hábitos producido tras la pandemia.
No obstante, la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico constituye, por ahora, un marco de actuación. Las medidas concretas deberán desarrollarse posteriormente mediante planes específicos y la coordinación entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las administraciones locales.
En el caso de Zamora, el verdadero alcance de esta iniciativa dependerá de que esas líneas estratégicas se traduzcan en inversiones, mejoras de infraestructuras, mantenimiento de servicios públicos y nuevas oportunidades económicas que permitan afrontar uno de los mayores desafíos de la provincia: combatir la despoblación y garantizar un futuro para sus pueblos. En la provincia, donde más del 90% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes, las inversiones favorecerían especialmente a Sayago, Aliste, Sanabria, Carballeda, Tábara, Tierra del Pan o La Guareña, donde muchos vecinos recorren distancias muy superiores para realizar gestiones básicas.
La estrategia marca las líneas generales de actuación, pero no incorpora una financiación específica para Zamora ni un calendario de inversiones concretas. Su aplicación dependerá posteriormente de los distintos ministerios, de la Junta de Castilla y León y de la colaboración con diputaciones y ayuntamientos.
