El reciente reparto de 3 millones de euros en subvenciones nominativas por parte de la Diputación de Zamora ha generado un intenso debate político y social. La partida, destinada exclusivamente a 41 de los 247 municipios de la provincia, ha sido cuestionada por la portavoz de Izquierda Unida, Laura Rivera, por su falta de criterios claros y transparencia, según denunciaron grupos de la oposición durante el pleno provincial.
La portavoz de IU, Laura Rivera, y la diputada socialista Sandra Veleda fueron las principales voces críticas en la sesión. Rivera recordó que, en 2026, la distribución de 8 millones de euros se realizó entre 248 municipios con criterios objetivos, lo que permitió una media de 32.200 euros por ayuntamiento. En contraste, las subvenciones actuales alcanzan una media de 75.000 euros por municipio, más del doble, generando desigualdad entre los consistorios.
El reparto discrecional, según la diputada de IU, carece de planificación: mientras algunas ayudas atienden necesidades urgentes, como depósitos o cementerios, otras subvenciones cubren proyectos de accesibilidad, deportes y salones multiuso, con impacto provincial, pero sin mecanismos de acceso equitativo. “Si se trata de necesidades generales de la provincia, lo lógico sería establecer un plan global de inversión, con criterios claros y baremo”, argumentó.
Por su parte, Sandra Veleda insistió en que la forma de asignación evidencia prioridades políticas y falta de transparencia, dejando fuera a municipios menos activos o sin representación directa en la Diputación. La oposición también cuestionó la gestión de decretos ómnibus y modificaciones presupuestarias, denominados un “totum revolutum”, donde se mezclan fondos sin coherencia ni planificación.
A pesar de las críticas, los socialistas anunciaron su voto favorable a algunas inversiones clave, como el plan de empleo forestal, considerando que el dinero público debe generar actividad y riqueza, aunque adviertan sobre la falta de legalidad y criterios objetivos en el procedimiento.
Durante el pleno, también se debatieron cinco modificaciones de créditos, incluyendo transferencias, suplementos y créditos extraordinarios, como 194.000 euros por bajas de créditos no comprometidos. Según Veleda, estas decisiones incumplen objetivos iniciales y evidencian problemas de planificación y ejecución presupuestaria.
