La queja de la agrupación coincide con una resolución que emitió el Procurador del Común de Castilla y León el pasado 16 de agosto, en la que se acusa al alcalde de la localidad de realizar una contratación ilegal.
En la resolución se explica que el alcalde de Belver hizo una contratación, en teoría de urgencia, para el puesto de oficial de primera, en la que no se siguieron los pasos de selección ni concurso necesarios para un empleo público. Cuando dos concejales de Izquierda Unida del pueblo pidieron los informes emitidos por parte de la Secretaría-Intervención del municipio, no se obtuvo ninguna respuesta.
Además, según ha podido asegurar Francisco Arcos, concejal de Izquierda Unida de Belver, el oficial de primera ya había sido contratado anteriormente para una cubrir una excedencia del alguacil del mismo modo que esta vez.
Por otra parte, desde la alcaldía se ha replicado que se firmó el contrato en una situación de urgencia, que el oficial de primera conoce perfectamente el funcionamiento del puesto de trabajo porque lo estuvo desempeñando como interino. Además, afirma que es una persona de más de cincuenta años de edad y que tiene dos hijos en edad escolar.
"No tenemos nada contra esta persona", ha querido recalcar Gabina Bermejo, concejala de Belver de los Montes. "Estamos en contra de cómo lo ha contratado el alcalde. Ante los dictadores no hay que callarse, y éste hace lo que le da la gana sin contar con nadie".
Laura Rivera, de Izquierda Unida, ha subrayado el apoyo del partido hacia sus concejales, y ha querido subrayar que la agrupación respeta los usos y costumbres de los pueblos "si no son antidemocráticos y caciquiles". Además, Rivera ha recordado que la actuación del alcalde puede llevarle a un delito de prevaricación, que supondría la inhabilitación del mismo.
