Gallegos del Río pone en marcha un servicio de menús a domicilio
El Ayuntamiento de Gallegos del Río ha aprobado de forma definitiva la ordenanza fiscal que regula el precio público por la prestación del servicio de catering social en el municipio. El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, ha quedado automáticamente ratificado al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública.
La nueva normativa tiene como objetivo facilitar la permanencia de personas mayores o con dificultades de salud en su entorno habitual, garantizando una alimentación adecuada y adaptada a sus necesidades. El servicio consiste en la entrega a domicilio de menús diarios compuestos por un primer plato —como sopas, legumbres o verduras— y un segundo plato basado en carnes, pescados o huevos con guarnición.
Podrán beneficiarse del servicio personas mayores de 65 años, pensionistas a partir de 60, vecinos en situación social desfavorable y otros casos especiales valorados por el Ayuntamiento, siempre que estén empadronados en el municipio. También podrán acceder los cónyuges o convivientes de estos beneficiarios.
El precio público se fija en 4 euros por comida y día, abonándose mensualmente en función de los servicios prestados. Además, los usuarios no pagarán por aquellos días en los que, habiendo avisado con antelación, no hagan uso del servicio.
La ordenanza recoge también los derechos y deberes de los usuarios, entre ellos recibir un trato digno, no ser discriminados y mantener la confidencialidad de sus datos personales. Asimismo, deberán cumplir las normas del servicio y comunicar posibles alergias o intolerancias alimentarias, siendo responsables en caso de no hacerlo.
El procedimiento para solicitar el servicio requerirá la presentación de una solicitud acompañada de documentación como el DNI, datos bancarios e informe médico. La concesión será resuelta por la Alcaldía.
La normativa contempla diferentes causas de baja, como el fallecimiento, traslado de domicilio, renuncia voluntaria o impago reiterado, así como la posibilidad de suspensiones temporales o definitivas. El Ayuntamiento podrá además revisar periódicamente la situación de los beneficiarios.
La ordenanza entrará en vigor tras su publicación oficial y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación. Contra su aprobación, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.