La Diputación Provincial de Zamora presentó su nuevo programa contra la exclusión financiera, un proyecto que lleva meses de trabajo previo y que permitirá ofrecer atención bancaria personalizada en 173 municipios que actualmente carecen de cualquier servicio financiero. El presidente de la institución subrayó que se trata de una iniciativa “necesaria, seria y solvente” para responder a un problema que afecta especialmente a la población mayor del medio rural.
El estudio previo, que ha requerido cientos de llamadas a cada ayuntamiento de la provincia, ha permitido elaborar un mapa detallado de la situación. En él se distinguen las localidades con servicios bancarios, marcadas en azul, y las que no cuentan con cajeros, oficinas ni corresponsales de ningún tipo, señaladas en morado. La cifra final asciende a 173 municipios sin cobertura financiera, una carencia que dificulta tareas básicas como retirar efectivo, pagar recibos o gestionar domiciliaciones.
Para revertir esta situación, la Diputación sacará a licitación un contrato de cuatro años, más un periodo adicional de cinco meses de preparación, por un importe total de 1.463.227 euros. La entidad adjudicataria deberá poner en marcha dos vehículos adaptados como oficinas bancarias móviles, operativos de lunes a viernes y dotados de un gestor comercial y un vigilante de seguridad, tal y como exige la normativa del Banco de España.
Estas furgonetas funcionarán como oficinas completas, equipadas con TPV bancario de última generación que permitirá realizar operaciones con independencia de la entidad del usuario. La atención será presencial y personalizada, un aspecto que la Diputación considera esencial frente a alternativas como cajeros móviles o servicios integrados en bibliobuses, debatidos en legislaturas anteriores.
La institución exigirá que cada uno de los municipios afectados reciba al menos una visita mensual de estas oficinas móviles. Además, si durante la vigencia del contrato alguna localidad pierde su servicio bancario actual, será incorporada automáticamente a las rutas previstas. Las zonas más afectadas por la exclusión financiera se concentran en Sanabria-Carballeda, pero también se registran carencias relevantes en Aliste, Sayago, Tierra del Vino, Toro, Tábara y Los Valles.
En el caso de municipios con anejos, la atención se prestará inicialmente en la cabecera municipal, aunque la Diputación se muestra abierta a estudiar ampliaciones si la evolución del programa lo aconseja. El presidente recalcó la importancia de mantener un criterio equilibrado: “Nos encantaría llegar a pueblos con cinco o seis habitantes, pero debemos garantizar eficacia y sostenibilidad en el servicio”.
El calendario previsto sitúa la resolución de la licitación entre finales de febrero y la primera quincena de marzo, lo que permitiría que el servicio entre en funcionamiento antes del verano de 2026 si la empresa adjudicataria completa la adaptación de los vehículos dentro del periodo máximo de cinco meses. La intención del equipo de gobierno es agilizar al máximo todos los plazos para que el despliegue sea efectivo cuanto antes.
Desde la Diputación se reivindicó asimismo el compromiso con el medio rural, incluso en áreas que no son estrictamente competencia de la institución. “Aunque no sea nuestra competencia directa, si un ciudadano tiene un problema, también es un problema de esta Diputación”, señaló el presidente, destacando que el objetivo es ofrecer más servicios, más cercanía y soluciones duraderas para combatir la despoblación y mejorar la calidad de vida en los pueblos.
