La Ayuda a Domicilio de Zamora estalla: 600 euros al mes, 1.000 kilómetros con coche propio y subida del 7% que la empresa no paga

UGT ha alertado de la situación que atraviesa el servicio de Ayuda a Domicilio en la provincia de Zamora, tras el conflicto abierto con la empresa adjudicataria, Aeralia, por su decisión de aplicar un descuelgue de convenio y no asumir el incremento salarial pactado del 7%.

El sindicato sostiene que este servicio, competencia de la Junta de Castilla y León y gestionado en el ámbito rural a través de la Diputación de Zamora, es “fundamental” no solo para la atención de personas dependientes, sino también para la fijación de población en el medio rural. En este sentido, remarcan que permite que muchas personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual en lugar de ingresar en residencias.

Según Raúl Castaño, responsable de la Federación de Servicios Públicos de UGT Zamora, el conflicto se origina tras la comunicación de la empresa en enero, alegando razones económicas para no aplicar la subida salarial recogida en el convenio. UGT, que cuenta con la mayoría en el comité de empresa, asegura haber solicitado documentación económica adicional para justificar la medida, aunque mantiene que no está de acuerdo con los argumentos aportados.

El sindicato detalla que se han celebrado múltiples reuniones entre comité y empresa, además de asambleas informativas en distintas zonas de la provincia, con el objetivo de trasladar la situación a las trabajadoras del servicio. En paralelo, se han explorado vías de negociación que incluyeron propuestas de mejora parcial, como ajustes vinculados al IPC o al kilometraje, sin que se haya alcanzado un acuerdo definitivo, tras el paso por el SERLA en dos ocasiones.

UGT pone además el foco en las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio, muchas de las cuales utilizan su vehículo particular para recorrer largas distancias cada día entre pueblos y domicilios. Según denunciaron, las trabajadoras perciben únicamente 0,26 euros por kilómetro en concepto de carburante y apenas 15 euros por desgaste de herramienta, una compensación vinculada al uso de su propio coche y que solo se cobra a partir de los 250 kilómetros realizados.

El sindicato asegura además que algunas trabajadoras llegan a realizar más de 1.000 kilómetros al mes para atender a usuarios repartidos por distintas localidades rurales. UGT recordó que el servicio moviliza en la provincia a unas 600 trabajadoras, encargadas de atender a cerca de 3.000 usuarios, muchos de ellos personas mayores dependientes que viven en municipios pequeños y dispersos. A ello se suma, según denunciaron, la precariedad salarial del sector, donde una trabajadora con una jornada aproximada de 25 horas semanales puede cobrar en torno a 600 euros al mes.

Tras pasar por el SERLA sin consenso, el conflicto sigue abierto a la espera de una posible salida negociada con la Diputación, que según UGT se ha desvinculado de la responsabilidad directa al tratarse de un contrato sujeto a concurrencia competitiva y al principio de “riesgo y ventura” de la empresa adjudicataria.

El sindicato insiste en que el incremento salarial pactado no supone un aumento elevado en términos globales, pero sí resulta clave en un sector marcado por la precariedad y los desplazamientos constantes en zonas rurales con gran dispersión geográfica.

UGT advierte además de que el conflicto podría acabar en vía judicial si no se desbloquea la situación, aunque subraya que su prioridad es alcanzar un acuerdo que garantice el cumplimiento del convenio y evite el deterioro de las condiciones laborales en un servicio considerado esencial dentro del sistema de dependencia.