El Juzgado de Instrucción número seis de Zamora, que instruye diligencias por la denuncia del presunto sabotaje al proyecto de la Biorrefinería en Barcial del Barco (Zamora), ha recibido como parte de la demanda unos audios que serían claves para demostrar el supuesto boicot por parte de altos cargos de la Junta de Castilla y León.
«No queremos que haya, y sabes que el dinero es muy cobarde, ningún tipo de interferencia de ese ruido con las otras inversiones que están pendientes de lograrse», ha señalado uno de los inversores en los audios aportados en la denuncia y a los que ha tenido acceso Efe y que recoge el Periódico de la Energía.
En un comunicado remitido por la Plataforma pro Biorrefinería se recuerda que las diligencias fueron abiertas tras la denuncia del ingeniero zamorano Vicente Merino, promotor de la planta.
En los audios, el representante de una multinacional española de ingeniería y construcción de plantas energéticas explica al promotor los motivos que le llevaban a retirar su propuesta de intervenir en la biorrefinería.
Según el comunicado, el acuerdo estaba casi firmado en noviembre de 2021 e incluso se había rubricado un memorando previo pero días después, tras una reunión de ese inversor con un alto cargo de la Consejería de Empleo e Industria, la empresa decidió dar marcha atrás.
La decisión fue transmitida al promotor a través de una conversación telefónica en la que reconoce que teme que la inversión en Barcial del Barco afecte a otras del grupo empresarial en Castilla y León, después de que el alto cargo del Gobierno regional le manifestase que no veía claro el proyecto porque, según dijo, había «un poquito de lío» en el accionariado.
Ese "lío", siempre según la publicación del Periódico de la Engería, tendría que ver con la presencia en la sociedad promotora de uno de los abogados de la acusación de la denominada trama eólica que afecta a altos cargos de la Junta de Castilla y León.
El representante de la multinacional reconoce en esa grabación que la biorrefinería es «un proyecto objetivamente bueno» para la comunidad.
Eso si, el inversor deja claro que nadie de la Junta les había dicho nada malo sobre la biorrefinería de forma abierta ni les había desaconsejado invertir en ella, pero sí habían detectado reticencias «lo suficientemente ‘light’ para que no puedas decir nada».
Vicente Merino lleva quince años intentando sacar adelante el proyecto de la biorrefinería y tiene cuatro patentes para su desarrollo. El proyecto culminaría con una factoría para producir hidrógeno verde, 160.000 metros cúbicos de bioetanol y 120.000 toneladas de piensos anualmente a partir de remolacha y maíz.
La iniciativa supondría una inversión inicial de entre 160 y 200 millones de euros y crearía más de mil puestos de trabajo directos e indirectos pero no encuentra inversores a consecuencia, según el propio Merino, de la espantada que ha recibido de dos sociedades interesadas en invertir a actuaciones de altos cargos de la Junta.
La denuncia acusa directamente a los responsables de las consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Jesús Julio Carnero, respectivamente, y a un alto cargo de la de Empleo e Industria del Gobierno autonómico.
Vicente Merino cree que estos obstáculos se deben a la denuncia que realizó hace cinco años ante la Fiscalía de Zamora por presuntas "mordidas" para desbloquear el proyecto en una investigación que finalmente el Ministerio Fiscal archivó.
