El Partido Popular ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno solicite a Bruselas una auditoría independiente que analice el reciente apagón que afectó a varios países europeos. Según la propuesta, este examen debería realizarlo la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía de la UE con el fin de esclarecer el origen de la incidencia y evaluar la respuesta de los sistemas eléctricos implicados.
El grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo también plantea una batería de medidas para reforzar la seguridad energética en España. Entre ellas, destaca la petición al Consejo de Seguridad Nacional para que actualice, en un plazo máximo de seis meses, la Estrategia de Seguridad Energética Nacional. El PP subraya que este plan, aprobado en 2020, aún no se ha desarrollado y debería contemplar escenarios extremos como el llamado “cero eléctrico”, además de valorar los riesgos asociados al posible cierre de centrales nucleares.
Otra de las reclamaciones del PP apunta a que se aprueben con urgencia los procedimientos de operación y los requerimientos de protección de la red eléctrica, unas demandas que Red Eléctrica Española ya habría trasladado al Ejecutivo.
En clave europea, la formación considera prioritario reforzar las interconexiones energéticas con los países vecinos. El objetivo es avanzar hacia el compromiso del 15% de interconexión con el resto de la UE antes de 2030, frente al 3% actual. Para ello, proponen fomentar acuerdos con Francia y Portugal, así como incentivar inversiones en infraestructuras críticas que aumenten la resiliencia del sistema eléctrico.
El partido también aboga por una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que incorpore las lecciones del apagón y que garantice un equilibrio entre sostenibilidad, competitividad, neutralidad tecnológica y seguridad de suministro.
Por otro lado, Vox llevará esta semana al Congreso una moción con un enfoque radicalmente distinto. La formación de Santiago Abascal quiere que España se desligue de los principales acuerdos climáticos internacionales. Entre sus propuestas figura derogar el Pacto Verde Europeo, la Ley de Cambio Climático y denunciar el Acuerdo de París. Además, plantea eliminar el mercado de derechos de emisión de CO2, al que considera un mecanismo especulativo con efectos adversos sobre la industria.