sábado. 13.08.2022

Policía Nacional y Guardia Civil liberaron en 2021 a más de mil víctimas de trata y explotación por motivos sexuales o laborales

187 fueron extorsionadas por redes de tráfico ilícito de seres humanos que habían conseguido introducirlas en el país para lucrarse con su explotación sexual o laboral. 869 más son víctimas sometidas a procesos de explotación sexual o laboral
Víctimas
Víctimas

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron 226 operaciones policiales y desarticularon 64 organizaciones y grupos criminales dedicados a la trata y la explotación sexual y laboral.

Policía Nacional y Guardia Civil liberaron en 2021 a 1.056 víctimas de las redes de trata y por delitos de explotación sexual o laboral. Dos niñas menores fueron liberadas también por trata con el fin de forzar su matrimonio.

Así aparece reflejado en el Balance Estadístico 2017-2021 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y que puede ser consultado en la web del departamento.

Del número total de víctimas, 187 fueron extorsionadas por redes de tráfico ilícito de seres humanos que habían conseguido introducirlas en el país para lucrarse con su explotación sexual o laboral. 869 más son víctimas sometidas a procesos de explotación sexual o laboral, aunque en su caso no se haya podido confirmar que hubiesen llegado a esa situación como consecuencia de la actuación de alguna red.

Estas cifras son el resultado de las 226 operaciones emprendidas por Policía Nacional y Guardia Civil en 2021 (dato que no recoge el balance estadístico), 74 de ellas vinculadas a la trata de seres humanos y 152 a la explotación sexual y laboral. Estas actuaciones permitieron la desarticulación de 64 organizaciones y grupos criminales y la detención de 663 personas.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

El balance estadístico precisa que las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual fueron 136: 129 mujeres, 5 hombres y 2 menores de edad. Colombia, Paraguay, Rumanía y Venezuela son los principales países de origen de estas víctimas.

En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual se repite la misma proporción: de un total de 355, 342 eran mujeres adultas, 9 hombres y 4 niñas. En su mayoría, las víctimas proceden de Colombia, España, República Dominicana y Rumanía.

Además, en 2021, Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 1.380 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, actividad que permitió identificar a 4.704 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos.

EXPLOTACIÓN LABORAL

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 51, 33 de ellas de sexo femenino. Por países, Honduras es el país de origen mayoritario.

Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral fueron 514 en 2021, dos de ellas menores de edad. En este caso, el sexo mayoritario es el masculino (392 adultos y un menor de edad), y las principales nacionalidades son la marroquí, la senegalesa y la nicaragüense.

Como en el caso anterior, Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 5.218 inspecciones administrativas en otros tantos centros de trabajo, en los que fueron identificados 13.836 trabajadores en situación de riesgo por una posible vulneración de sus derechos laborales.

PLAN ESTRATÉGICO CONTRA LA TRATA 2021-2023

La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades criminales más lucrativas, sólo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas. Esta realidad creciente ha impulsado la elaboración de un Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que el Ministerio del Interior presentó el pasado 12 de enero.

El plan, disponible en la web del departamento, potencia y articula medidas para mejorar la lucha contra este delito y facilitar la asistencia y protección a sus víctimas, todo ello mediante un mecanismo de cooperación entre los distintos organismos de la Administración General del Estado implicados, así como con las organizaciones especializadas de la sociedad civil.

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