Mas de 1,4 millones de multas y las detenciones de más de 9.000 personas quedarán en entredicho y bajo un problema legal que lleva a que los bufetes de abogados empiecen a recibir consultas sobre lo legislado por un Constitucional que ha llevado por un 6 a 5 al Gobierno a una posición que aprovechan ahora los rivales políticos y la oposición que en un principio apoyaron la medida de Sánchez.

En CyL se detuvieron a 302 personas y se multó a 56.299 individuos que se saltaron el estado de Alarma que ahora queda en el aire y que obligará a devolver el pago de multas y a compensar los expedientes de detención puesto que pasarán a otro estado y los abogados podrán pedir las diferentes compensaciones.

Según esta normativa contrarrestada ahora por el Constitucional, el estado de alarma autoriza al Gobierno a "declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad". Es el ejemplo de catástrofes, calamidades o desgracias públicas -tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud-, crisis sanitarias -epidemias y contaminación grave-, paralización de los servicios públicos esenciales o situaciones de desabastecimiento.