El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. El texto establece los principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas específicas contra cualquier forma de discriminación.
Entre las novedades más relevantes, la norma reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género; prohíbe cualquier método destinado a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género; garantiza que todas las mujeres e igualmente las personas trans con capacidad de gestar podrán acceder a las prestaciones relativas a técnicas de reproducción asistida, y prevé la inclusión del conocimiento y el respeto a la diversidad afectiva, sexual, de género y familiar entre los aspectos básicos del currículo de las distintas etapas educativas.
La convalidación de esta norma en Consejo de Ministros llega en la víspera del Orgullo LGTBI y permite el cambio de sexo registral a partir de los 12 años pero con importantes cambios y matices en función de la etapa: entre 12 y 14 años se precisará de una aprobación judicial, mientras que los mayores de 14 años podrán hacerlo sin necesidad de poseer un informe médico ni tratamiento a partir de los 14 años. En el caso de los mayores de 16, estos no requerirán de permiso paterno -cosa de los menos de 14 a 16 sí- y deja de considerarse enfermas a las personas trans.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado su orgullo tras sacar adelante esta ley que ha supuesto un auténtico tira y afloja en el seno del Gobierno de coalición: "Hoy volvemos a situarnos en la vanguardia de los derechos de las personas LGTBI".
También en el ámbito del Ministerio de Igualdad, el Ejecutivo ha aprobado una declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI, y ha actualizado las cuantías y los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
