La Asociación Española de Consumidores expresa su profunda preocupación ante la convocatoria de huelga de médicos anunciada para esta semana, que se prolongará durante cuatro días consecutivos, en protesta por el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.
La entidad advierte de que esta huelga llega en el peor momento posible, coincidiendo con una intensa ola de gripe que está generando un notable incremento en la demanda de atención sanitaria en todo el país.
Un perjuicio directo para la ciudadanía
La organización lamenta la falta de negociación por parte del Gobierno de España, que —pese a conocerse la convocatoria desde el pasado mes de octubre— no ha alcanzado un acuerdo para evitar una situación que califican de “clarísimo perjuicio para la ciudadanía”.
Durante los días de huelga, podrían verse anuladas citas, intervenciones y pruebas diagnósticas, además de dificultarse la atención sanitaria de urgencia derivada de los problemas de salud propios de la temporada invernal.
Una preocupación reiterada
La Asociación Española de Consumidores recuerda que ya en julio alertó de esta misma problemática, reclamando que los ciudadanos fuesen considerados en los procesos de negociación política que afectan directamente al funcionamiento del sistema sanitario.
Sin embargo, la organización lamenta que sus advertencias no hayan sido tenidas en cuenta.
Exigencia de mejoras inmediatas
La asociación insta al Ministerio de Sanidad a adoptar mejoras urgentes que permitan reconducir el conflicto y minimizar su impacto en la población.
Defiende una Sanidad Pública de calidad, que tenga en cuenta el bienestar de los usuarios, pero también condiciones laborales adecuadas para los profesionales, quienes necesitan trabajar sin trabas políticas y con los recursos necesarios para atender a la ciudadanía.
“Los usuarios no podemos seguir siendo rehenes”
Finalmente, la Asociación Española de Consumidores lamenta que, una vez más, los ciudadanos sean “rehenes de un conflicto” en el que no se ha contado con su voz y que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de priorizar el interés público en la gestión sanitaria.
