España reduce la jornada laboral a 37.5 horas con nueva normativa

El Gobierno aprueba una ley que refuerza el derecho a la desconexión y endurece sanciones por incumplimientos en el registro de jornada
Yolanda Díaz
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley que establece la reducción de la jornada laboral máxima ordinaria a 37,5 horas semanales en cómputo anual. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, supone la primera disminución legal de la jornada desde 1983 y responde al acuerdo alcanzado con las principales organizaciones sindicales.

Reducción de la jornada y derecho a la desconexión

El texto contempla la fijación del derecho a la desconexión como irrenunciable, con el objetivo de evitar exigencias laborales fuera del horario pactado y garantizar el descanso y la intimidad de los trabajadores. Además, establece nuevos criterios para el registro de jornada, que deberá ser digital, fiable y accesible, asegurando la trazabilidad de los datos y su disponibilidad para la Inspección de Trabajo.

Impacto en los trabajadores y sectores beneficiados

Los principales beneficiados por la medida serán los trabajadores sin convenio colectivo, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura y los servicios. La reforma busca fomentar la conciliación entre la vida laboral y personal, promoviendo la equidad en el reparto de responsabilidades y mejorando el bienestar de la población activa.

Nuevo régimen sancionador

El incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada se considerará una infracción por cada trabajador afectado, con sanciones que oscilarán entre los 1.000 y los 10.000 euros en función de la gravedad de la falta. Las infracciones graves en la organización del tiempo de trabajo podrán ser consideradas muy graves si generan riesgos significativos para la salud y seguridad de los empleados.

Evaluación y adaptación de convenios

El Gobierno abrirá una Mesa de Diálogo Social para evaluar el impacto de la medida y continuar avanzando en materia de jornada laboral. Por su parte, las comisiones negociadoras de los convenios colectivos tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus acuerdos a la nueva normativa y garantizar su cumplimiento.

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