Los patinetes eléctricos y los vehículos de movilidad personal (VMP) se han convertido en una opción popular para los desplazamientos urbanos, ofreciendo una alternativa económica y rápida. Sin embargo, el uso de estos vehículos está regulado por una serie de normas que los usuarios deben conocer para garantizar su seguridad y la de los demás. Estas regulaciones varían entre localidades, aunque hay disposiciones comunes a nivel nacional que todos deben respetar.
En general, los VMP no pueden circular por aceras, zonas peatonales, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles urbanos. Las calles y vías autorizadas dependen de las ordenanzas municipales, y si no se especifica lo contrario, la circulación es permitida en cualquier calzada urbana. Además, la velocidad de estos vehículos debe mantenerse entre los 6 y 25 km/h, una medida que busca equilibrar la velocidad de circulación y la seguridad en las vías.
La DGT ha establecido un manual que detalla las características técnicas mínimas que deben tener los VMP. Para que un patinete eléctrico pueda circular de forma legal, debe contar con un sistema de frenado, un dispositivo de advertencia acústica y luces con reflectores delanteros y traseros. Estos elementos ayudan a que el conductor tenga control sobre el vehículo y que sea visible para otros usuarios de la vía, especialmente en condiciones de baja visibilidad.
Aunque el uso del casco no es siempre obligatorio según la normativa local, se recomienda encarecidamente por cuestiones de seguridad. Además, se sugiere contar con un seguro de responsabilidad civil para protegerse en caso de accidentes. Los conductores de VMP también deben cumplir las mismas normas de alcoholemia que los conductores de otros vehículos, y está prohibido el uso de auriculares y dispositivos móviles mientras se conduce.
El cumplimiento de estas normas y recomendaciones es crucial, ya que en 2020 se registraron ocho muertes de usuarios de VMP, la mayoría en vías urbanas. Para evitar accidentes y fomentar un entorno más seguro, la DGT trabaja en colaboración con los ayuntamientos y otras entidades para mejorar y actualizar la normativa.
