La Policía Nacional ha desmantelado una sofisticada red de fraude a la Seguridad Social que operaba en Madrid, deteniendo a 25 personas, entre ellas cuatro funcionarios y cuatro empleados bancarios. El presunto fraude supera los cuatro millones de euros, con más de 400 expedientes fraudulentos tramitados entre 2020 y 2024, dirigidos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
La red, desarticulada la semana pasada en Madrid, operaba tramitando expedientes ilícitos de capitalización de prestaciones por desempleo, obteniendo un beneficio estimado entre uno y 1,5 millones de euros. La investigación comenzó en diciembre de 2022, tras detectarse accesos injustificados a expedientes relacionados con la capitalización de prestaciones.
Se realizaron 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid, incautando equipos informáticos, dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, vehículos y abundante documentación. Los detenidos, puestos a disposición judicial, enfrentan cargos por delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
La estructura de la red involucraba funcionarios del SEPE y de la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, empleados bancarios y gestores administrativos. Se dividía en cinco eslabones, desde la dirección y captación de clientes hasta la recepción de beneficios.
Los detenidos obtenían un beneficio mensual constante, llegando hasta los 50.000 euros, a cambio de sus funciones. Las entidades bancarias colaboraban abriendo cuentas que se utilizaban para recibir las prestaciones ilícitas, controlando los movimientos bancarios y asegurando el pago a la red.
Una vez recibidos los beneficios, eran transferidos a cuentas controladas por los miembros de la organización o a cuentas personales. La operación representa un duro golpe al fraude a la Seguridad Social, destacando la colaboración entre autoridades para combatir este tipo de delitos y proteger los recursos destinados a la protección social de los ciudadanos.
