El gobierno socialista fija el fin de la gratuidad en las autovías. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, el Ejecutivo baraja el año 2024 como la fecha de inicio de implementación del sistema de peaje por uso que lleva años poniendo sobre la mesa y que queda pendiente de un acuerdo político.
Con la inclusión de esta medida se podrá cubrir el déficit que arrastra la red de autovías y buscando modelos de transporte más eficientes. A partir de ese año se buscará "que paguen los que contaminen" y "que pague quien use la vía".
Esta medida tan pólemica puede provocar un posible rechazo en la población, por lo que el ejecutivo ha señalado que se fijaran tarifas "asumibles pero que garanticen la financiación". Un plan que podría ser aplicado no solo a las autovías, sino a toda la red de carreteras nacionales.
Asimismo, según se incluye en el documento, se prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida. Una norma en la que se calcula que llevara entre dos y tres años para la realización del marco legal y la necesaria estructura para ejecutarlo.
Un plan que señala la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte. Pero sobre todo, la obligación de reducir el abultado déficit arrastrado por este tipo de vías.
"Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", recalca el texto.
Una normativa diferente para transportistas
El plan tendría ciertas flexibilidades para camiones y vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías, buscando que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando la eficiencia del transporte.